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«La historia está escrita»

Herederos del patrón del «O Bahía» abonarán 400.000 euros a las familias de los fallecidos.

Los herederos de Herminio Castro, patrón y armador del pesquero “O Bahía”, tendrán que compensar con una cantidad global cercana a los 400.000 euros a los familiares de nueve de los diez tripulantes fallecidos en el naufragio del buque -entre los fallecidos se encontraba también el propio patrón-, ocurrido el 2 de junio de 2004 en las islas Sisargas cuando regresaban de labores de pesca en medio de un fuerte mar.

Así lo dictaminó la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia del pasado mes de junio a la que este diario tuvo acceso ayer y por la que se ratificó el fallo del juzgado de lo social número 5 de Vigo en 2006, que reconocía a la empresa armadora del buque responsabilidad en el siniestro.

En concreto, la sentencia del TSXG, indica que han podido evidenciarse la “negligencia y falta de medidas de seguridad en el buque” como “causa generatriz del suceso”.

Así, el fallo detalla como causa del naufragio “la inadecuada situación del buque para afrontar las incidencias derivadas del estado en que se encontraba la mar en el momento del accidente por mor de las modificaciones introducidas en la embarcación, no comunicadas a la autoridad competente y su repercusión en las condiciones de estabilidad de la nave”. Además, precisa que tampoco cabe “soslayar la incidencia -en el siniestro- de la velocidad que llevaba el barco, como se comprobó tras el hundimiento al observar que la palanca de marcha estaba en posición de “avante toda”.

Por tales motivos, el TSXG coincide con la sentencia del juzgado vigués en que el accidente “debe atribuirse, no a un imprevisible riesgo inherente a la actividad pesquera” sino “por la concurrencia de las antedichas circunstancias, lo que determina la responsabilidad” de los herederos del patrón y armador fallecido.

En la sentencia se detalla que el buque navegaba en el momento de sufrir el accidente, el “O Bahía” entre olas de hasta 4,8 metros y con un viento de 26 nudos y que lo hizo durante largos periodos sobre las crestas de las olas “afectando a la estabilidad de la embarcación por la existencia en cubierta de pesos suplementarios (redes, etc), a la que hay que añadir el peso del agua embarcada”, que no podía evacuarse de forma rápida debido a algunas modificaciones realizadas en el buque sin comunicación a las autoridades y a su estado en el momento del siniestro.

Entre tales cambios, el fallo cita el cierre de falucheras (puertas de desagüe), construcción de dos estibas de red para la colocación de una segunda red provocando la elevación del centro de estabilidad del pesquero o la inclusión de un bote de panga sobre la cubierta, además del cambio del motor.

La sentencia es firme y se encuentra ya en fase de ejecución, es decir, a la espera de que las familias de los tripulantes fallecidos puedan percibir la totalidad de las cantidades establecidas para cada caso y que los herederos del patrón ya depositaron hace cuatro años en el juzgado para poder recurrir ante el TSXG la sentencia condenatoria dictada por la sala viguesa.

Fuentes cercanas a las familias de los tripulantes fallecidos, que señalan que “desde luego, aunque se hace justicia, no es para sentir alegría; primero por las pérdidas humanas y porque ha sido un proceso demasiado largo y doloroso, de seis años, en los que muchas familias, viudas y huérfanos, quedaron en situaciones emocionales y económicas muy delicadas por la falta de su ser querido”.

Fuente: www.farodevigo.es

«Ciaim»Sus Informes Transversales, Recomendaciones y Conclusiones : matrícula de Honor»

El que manifieste lo contrario, poco o nada entiende de esto.

Ciaim : nuestro incondicional apoyo.

Villa de Pitanxo.

Este Grupo exigio – sin demora- una explicación pública al Ministro de Transportes ante el flagrante incumplimiento de la custodia del Informe Final de la investigación del Villa de Pitanxo.

El Informe Final – se infiere- fue entregado a las partes interesadas para que en el plazo de 30 días presentaran sus oportunas observaciones al objeto de una posible revisión del Informe.

El Código de Prácticas Recomendadas para la Investigación de Siniestros Marítimos, publicado en el BOE, exige confidencialidad y prohíbe taxativamente su publicación y/o difusión.

Lejos de acatar lo obvio, no solo se ha dado difusión sino también «fuego cruzado» de valoraciones, conclusiones y descalificaciones que distan mucho de las Resoluciones del Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo que respecta al trato justo a la gente Mar.

Por otra parte, conviene recordar que el Informe Transversal de la Ciaim del año 2014, en su Estudio y Recomendaciones sobre la estabilidad, embarres y faenar en/con condiciones meteorológicas adversas, exime del término «negligencia» a los mandos de los buques pesqueros, en todo momento, habla de precauciones y responsabilidades ante vidas y bienes.

Por el contrario, en el Informe del Sistema Mundial de Socorro (GMDSS) si recoge los términos – negligencia y mala praxis- recomendando sanciones ejemplares para los infractores.

El Informe Final de de los Peritos Judiciales, deja en una indefensión absoluta al mando del buque pesquero que realizó un abandono de buque «de manual» tal y como se comprueba en los registros electrónicos del GMDSS.

Voces, aparentemente expertas, cuestionan la metodología utilizada en este abandono de buque, olvidando las condiciones meteorológicas adversas, escora, bloqueo emocional etc.

Cuestionan también «la soledad «de una las balsas, sin supervivientes y el desgarro presentado en la de los tres supervivientes.

Este Grupo, está en condiciones de demostrar, por otros naufragios, que el campo de antenas de la magistral, con la escora, pudo dañar las balsas y barrer de su interior a los náufragos.

Cúmplase el ordenamiento juridico, juzguese al Patrón con plenas garantías y apliquense las sanciones ejemplares oportunas a los 9 barcos que mantuvieron las escuchas de Socorro cerradas incurriendo en denegación de auxilio a los náufragos del Pitanxo.

«Ciaim»
Sus Informes Transversales, Recomendaciones y Conclusiones : matrícula de Honor.
El que manifieste lo contrario, poco o nada entiende de esto.

«Predicadores»

El tratado clave para la seguridad de los pescadores y los buques pesqueros aún ha de entrar en vigor

El tratado clave para la seguridad de los pescadores y los buques pesqueros aún ha de entrar en vigor.

El Secretario General de la OMI insta a ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012.

El 11 de octubre de 2022 se cumplió el décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, el principal tratado internacional aplicable a los grandes buques pesqueros del sector cuyo objetivo es establecer normas de seguridad, al igual que el Convenio SOLAS hace con los buques mercantes. 

A pesar de los amplios esfuerzos realizados por los Estados Miembros de la OMI, otros organismos de la Naciones Unidas, los observadores y la Secretaría de la OMI, el Acuerdo aún no ha entrado en vigor. En consecuencia, todavía no existen prescripciones obligatorias aplicables a nivel mundial sobre el proyecto, la construcción y el equipo de los buques pesqueros, incluidos los equipos de salvamento, prevención de incendios y radiocomunicaciones que deben llevarse a bordo.

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, volvió a instar a los Estados que aún no lo han hecho a que se adhieran al tratado lo antes posible.

«No podemos permitirnos bajar la guardia a la hora de abordar la seguridad de los pescadores y los buques pesqueros. Para llevar a buen puerto este viaje que comenzó hace más de 45 años, se alienta encarecidamente a los Estados Miembros de la OMI a que consideren la posibilidad de ratificar el Acuerdo lo antes posible. De este modo, entraría por fin en vigor un régimen de seguridad internacionalmente vinculante para los buques pesqueros, que también contribuirá a reducir considerablemente la explotación tanto de los océanos como de las personas que dependen de ellos», señaló en Sr. Lim.

Se espera que la entrada en vigor de un régimen internacional de seguridad vinculante contribuya a mejorar las normas de seguridad y a reducir la pérdida de vidas de pescadores y observadores a bordo.

El camino para poner en vigor un marco regulatorio obligatorio para los buques pesqueros comenzó hace 45 años, con la adopción del Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros en 1977. Debido principalmente a la complejidad de su implantación, el Convenio no logró atraer el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. En 1993 se adoptó el Protocolo de Torremolinos relativo al Convenio para mejorar sus disposiciones, pero se enfrentó a los mismos problemas.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, preparado y adoptado bajo los auspicios de la OMI, tras intensos debates a lo largo de un período de cinco años, sustituye tanto al Convenio de Torremolinos de 1977 como al Protocolo de 1993 con disposiciones actualizadas que abordan las dificultades técnicas y jurídicas encontradas anteriormente, y allana el camino para facilitar la entrada en vigor.

Para que entre en vigor, el Acuerdo debe ser ratificado por 22 Estados con un número total de 3.600 buques pesqueros que operen en alta mar. El número actual de ratificaciones es de 17 Estados, con un total de unos 1.925 buques pesqueros elegibles. En los últimos años se ha acelerado la tendencia a la ratificación, lo que hace esperar que entre en vigor en un futuro no muy lejano.

Este cambio de tendencia fue impulsado por los esfuerzos de la OMI para promover activamente el Acuerdo. Como parte de estos esfuerzos, en octubre de 2019 se celebró la Conferencia ministerial de Torremolinos sobre la seguridad de los buques pesqueros y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la mayor conferencia sobre buques pesqueros celebrada en la historia de la OMI, a la que asistieron unos 125 Estados, 70 representantes de nivel ministerial, 30 organizaciones internacionales y más de 500 delegados.

Durante la Conferencia, la Declaración de Torremolinos fue firmada por 48 Estados (que ahora son 51), indicando públicamente su determinación de ratificar el Acuerdo antes del 11 de octubre de 2022, el décimo aniversario de su adopción, para permitir su entrada en vigor un año después. Desde la Conferencia de 2019, otros cuatro Estados han ratificado el Acuerdo y varios otros están actualmente en proceso de completar el proceso de ratificación.

La OMI, en cooperación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular la FAO y la OIT, y con organizaciones no gubernamentales, en particular Pew Charitable Trusts, ha organizado recientemente una para seguir promoviendo la ratificación e implantación del Acuerdo. Estas actividades reúnen a múltiples partes interesadas, con el fin de establecer una mejor coordinación entre las organizaciones públicas y privadas para la ratificación del Acuerdo.

Además, la OMI ha lanzado una nueva guía fácil del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la seguridad de los buques pesqueros, que proporciona una plétora de valiosos recursos informativos, incluidos vídeos informativos. 

Entre otros beneficios, el Acuerdo, cuando entre en vigor, permitirá el establecimiento de un mecanismo del Estado rector del puerto para vigilar las actividades de pesca ilegal y las formas contemporáneas de esclavitud mediante la detección de los buques que no cumplen las normas. Esto, a su vez, protegerá a los mercados de ser inundados con pescado capturado ilegalmente, aumentará la transparencia de las actividades pesqueras, contribuirá a la conservación del medio y los recursos marinos, evitará el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y protegerá a los pescadores de los abusos de los derechos humanos. 

El Acuerdo también protegería a los servicios de búsqueda y salvamento de ser llamados para rescatar a los pescadores (ya que los sucesos deberían disminuir), contribuiría a mejorar las condiciones de empleo y trabajo a bordo de los buques pesqueros tanto para hombres como para mujeres, aumentaría la competitividad de la flota pesquera de un país en los mercados al mejorar las normas de seguridad, contribuiría a la construcción de buques y al sector de fabricación de equipos, en particular para los buques de nueva construcción, y fundamentaría las medidas para hacer frente a los problemas de los artes de pesca abandonados, perdidos o descartados.

Fuente: www.imo.org

«Se nota…se siente…»

España da un importante paso en el ámbito internacional para la seguridad del sector pesquero.

España se une así a los esfuerzos mundiales para aumentar la seguridad de los buques pesqueros, mejorar las condiciones de vida y trabajo a bordo de sus trabajadores y luchar contra la pesca ilegal.

El embajador de España en el Reino Unido, Carlos Bastarreche, se ha reunido con el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Kitack Lim, en la sede de la Organización para formalizar el depósito del instrumento de adhesión.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre seguridad de los buques pesqueros proporciona una plataforma sólida para mejorar la seguridad de los pescadores en el mar y combatir a la vez la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, al facilitar que los Estados de abanderamiento, los Estados rectores de puertos y los Estados ribereños controlen mejor la seguridad de los buques pesqueros.

Dicho Acuerdo constituye, además, uno de los cuatro tratados internacionales más importantes del sector pesquero, dirigidos a conseguir los niveles más altos de cumplimiento y aplicación, junto con el Convenio de formación para pescadores (en vigor desde 2012); el Convenio núm. 188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT (en vigor desde 2017); y el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (en vigor desde 2016).

Para la entrada en vigor del mismo, son necesarios un número total de
22 Estados Contratantes, cuyo número total de buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 m que operan en alta mar sea de 3.600.
Hasta la fecha, solo 10 Estados Contratantes, con 1.020 buques
pesqueros, lo habían ratificado.

España deposita ante la Organización Marítima Internacional (OMI) el instrumento de adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional para la seguridad de los buques pesqueros 1977, y se convierte en el décimo primer Estado Contratante del Acuerdo de Ciudad del Cabo, aportando a los requisitos para su futura entrada en vigor un total de 393 buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que operan en alta mar.

La flota pesquera que la Administración Marítima española ha notificado a la OMI representa un 28% del total de la flota notificada a los efectos de entrada en vigor del Acuerdo.

Se espera que la adhesión de una potencia pesquera como España aliente al resto de países con intereses en este sector a seguir los mismos pasos que faciliten la entrada en vigor del Acuerdo, con los consiguientes efectos esperados de reducción del número de accidentes y pérdidas de vidas en el mar y de implantación de una infraestructura en el ámbito internacional más efectiva para controlar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El compromiso del Gobierno de España con el trabajo en común para mejorar la seguridad en el sector pesquero ha motivado que el Ministerio de Fomento y la OMI hayan iniciado contactos para la celebración en nuestro país de un congreso internacional sobre la seguridad de los buques pesqueros previsto para la segunda mitad de 2019. Dicho evento se perfila como una nueva oportunidad para impulsar definitivamente la entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo.

Fuente: www.lamoncloa.gob.es

«Se busca Ministro»

Voces del mar, nuevas y viejas, reclaman un ministerio propio.

En un acto celebrado en la Casa de Galicia en Madrid.

Fernando Fernández Tapias y José Silveira, ambos navieros y empresarios; Constantino Méndez, exdirector general del Instituto Social de la Marina (ISM); y Javier Varona, expresidente del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca (FROM). Cuatro gallegos, todos hombres de mar en sus distintas vertientes, fueron el hilo conductor de la Fundación Philippe Cousteau para, aprovechando el homenaje a las trayectorias vitales y profesionales de los cuatro —todos ya fallecidos—, formular una petición unánime a las autoridades: la necesidad de crear un Ministerio de Mar.

A esa reclamación se sumaron múltiples voces —como la de Javier Garat, presidente, entre otras organizaciones, de Pesca España y de la patronal pesquera europea Europêche— que, ya fuese de forma presencial o por vídeo, tomaron parte en el acto, celebrado en la Casa de Galicia de Madrid, que dirige el lucense Javier Vázquez.

Rafael Lobeto Lobo, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau «Unión de los Océanos», actuó como maestro de ceremonias, recordando algunos de los hitos destacados de la trayectoria de los homenajeados y de la historia del mar gallego de las últimas décadas, como lo que supuso el embarrancamiento del petrolero Mar Egeo a los pies de la Torre de Hércules en A Coruña, o las decisiones que en aquel momento —siendo él director general de la Marina Mercante— tuvieron que adoptar «de forma coordinada» entre las administraciones autonómica y central, así como la génesis posterior de Salvamento Marítimo, (Sasemar) que también presidió.

Otro histórico nombre del mar, el exconselleiro Enrique López Veiga —por vídeo— también recordó el drama del petrolero y cómo se gestó Sasemar sobre el germen del servicio de búsqueda de personas desplegado por José Silveira. 

Economía azul

Voces de la marina mercante, la empresa y la política destacaron la importancia de la economía azul en España, donde emplea a 930.000 personas y genera 30.000 millones de valor añadido. «Que eso nos anime a tener un Ministerio del Mar, o una secretaría de Estado o un plan estratégico y a comunicarlo, para que la ciudadanía repare en lo importante que es», subrayó Garat.

José Antonio Álvarez Vidal, Presidente de Portos de Galicia, clausuró el acto, recordando que precisamente Galicia es «la única comunidad autónoma» que cuenta con una Consellería do Mar y con un servicio de salvamento propio. «Pero hace falta un esfuerzo colectivo», enfatizó, lanzando el guante con esa propuesta.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

«Casualidades»

Los técnicos de instalación y reparación de los dispositivos denuncian retrasos y falta de precisión al indicar la posición del buque siniestrado en el equipo de 406 megahercios Kannad

Un modelo de radiobaliza presenta fallos en la emisión de las alertas por naufragio.

Las radiobalizas de 406 megahercios Kannad, de fabricación francesa y homologadas en España por la Dirección General de la Marina Mercante, registran fallos en la emisión de los naufragios que, según los expertos, son decisivos a la hora de localizar el lugar del siniestro y prestar auxilio a los tripulantes del buque hundido. Precisamente, este tipo de radiobaliza era el utilizado por el pesquero ribeirense Cordero, que naufragó en enero de 2008 a 30 millas de la costa de A Coruña con el saldo de cinco marineros muertos y tres supervivientes. La radiobaliza del buque comenzó a emitir y fijar su posición tiempo después de haberse liberado de su anclaje.

Los técnicos dedicados a la instalación y reparación de estos aparatos aseguran que han comunicado en varias ocasiones estas deficiencias a la empresa francesa que los fabrica pero que no ha adoptado medidas para corregir el fallo. El problema está en el software del GPS de la radiobaliza que impide que, una vez activada, «sea capaz de determinar la posición del buque siniestrado en un tiempo y con una precisión aceptables dentro de los márgenes de la homologación».

Por ello, los expertos consideran que las radiobalizas no son seguras y reclaman que se corrijan las deficiencias para que no se repitan casos como el del Cordero. Además, aseguran, el fallo por retardo en la emisión de la posición afecta a más modelos de radiobaliza.

A pesar de que la Dirección General de la Marina Mercante y el personal de Salvamento Marítimo reconocen la existencia de fallos, la homologación oficial de estas radiobalizas se mantiene, aunque caduca el próximo mes de junio.

Sin embargo, las deficiencias no son exclusivas de las radiobalizas de los buques sino que también afectan a las personales de hombre al agua. Los expertos destacan que estos sistemas de seguridad deben tener un alcance de dos millas y denuncian que a pesar de incumplir esta condición están homologados.

Las radiobalizas de 406 megahercios Kannad cuestan alrededor de 845 euros, utilizan el sistema de satélites Copas-Sarsat, pesan un kilo, disponen de una autonomía de 40 horas a temperaturas de 20 grados bajo cero y su fabricación se inició hace veinte años.

Los pesqueros obligados a utilizar la radiobaliza de 406 megahercios son los que tienen una eslora igual o superior a 24 metros y todos los equipos deben estar registrados en la Dirección General de la Marina Mercante, que está obligada a «mantener una base de datos actualizada de los mismos para facilitar la actividad de los servicios de salvamento» en caso de que se produzca un naufragio y haya que rescatar a la tripulación.

Fuente: laopinioncoruna.es

El coste de morir en Senegal.

Pontevedra

El próximo lunes se celebrará en un juzgado de Vigo un juicio por el accidente de un pesquero de Vigo ocurrido hace tres años en Senegal. Un suceso en el que murieron tres tripulantes, dos marineros de Senegal y el Patrón del pesquero, el marinense Vicente Pazos, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Desde entonces, la viuda viene reclamando una indemnización de 400.000 euros a la armadora viguesa, perteneciente a la multinacional Profand.

Esta mañana la viuda, Sandra Patricia Arias y su abogado, arropados por la CIG comparecieron en rueda de prensa para criticar la postura de la empresa. Acusaron a la armadora de pretender zanjar esta muerte con una indemnización irrisoria, basándose en que la tripulación del arrastrero vigués Senefand Uno, se regía por contrato de Senegal. La viuda también rechazó los 100.000 que le ofreció posteriormente la armadora para que no siguiese adelante con el juicio.

Esta mañana manifestó que ha decidio seguir adelante con el juicio por respeto a la memoria de su marido y pensando en el bienestar de sus hijas, menores de edad, y en el caso de la mayor a tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace tres años.

La viuda explicó que desde hace dos años percibe una pensión básica de viudedad, pero no por accidente laboral, dado que este suceso fue catalogado como accidente común. Una tipificación que el abogado de la familia pretende modificar en el juicio del lunes. El letrado Alipio Santiago Nieto, tiene claro que fue un accidente laboral y además argumentará que el barco no reunía las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

La CIG tampoco tiene dudas de que el hundimiento del pesquero fue un accidente laboral, y que el barco incumplía la normativa. Xavier Aboi acusa a la armadora de intentar pagar una indemnización que es una milésima parte de sus beneficios anuales.

El arrastrero vigués Senefand Uno se hundió en febrero de 2017 frente las costas de Senegal. De los 11 tripulantes, fallecieron tres y los 8 restantes lograron tirarse al agua y fueron rescatados tras permanecer tres días a la deriva en las balsas salvavidas. Entre ellos, había otro gallego, Fernando Argibay, vecino de Moaña (jefe de máquinas del pesquero).

Fuente: cadenaser.com

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