La familia de la gallega estudia acciones legales tras el archivo de la causa por los juzgados de Valencia
Los elementos que rodean el caso de Carmen Fernández se desvanecen sin responsables ni pistas sobre el paradero de la camarera gallega del buque García del Cid. El oceanográfico espera turno para desguace en el puerto asturiano de El Musel, mientras el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que está adscrito, disuelve a su tripulación. En ella ya no figuraba Carmen, cuyo rastro se perdió el 10 de septiembre cuando el barco navegaba a la altura de la costa de Gandía, en Valencia. Si toda desaparición es traumática para la familia, la suya se agrava porque está precedida de una denuncia de acoso sexual contra un compañero. Nunca fue apartado del equipo del García del Cid por el CSIC.
Ninguna de las medidas cautelares que venía reclamando Carmen de forma insistente fue atendida por el consejo científico. Tampoco el cambio de barco. El caso ha sido cerrado por la justicia y por el propio Ministerio de Ciencia, en contra del criterio de los familiares de la desaparecida, que no arrojan la toalla. Si el compañero denunciado no coincidió con ella en esa travesía en la que se le perdió la pista, la primera de la desaparecida tras dos años en tierra por baja laboral, fue por motivos de salud. Incluso se presentó en el puerto el 4 de septiembre, día de la partida, pero no llegó a embarcar.
Carmen Fernández, de 43 años, natural de Cangas (Pontevedra) y madre de tres hijos, tampoco quería coincidir con los compañeros que durante los dos años que estuvo de baja siguieron trabajando con el denunciado. El Gobierno esgrimió en una respuesta por escrito en el Senado la imposibilidad de acceder a la solicitud de la desaparecida.
«El buque García del Cid tiene un convenio propio, con sus propias condiciones laborales (sueldos, permisos, vacaciones, categorías profesionales, etcétera) que no incluye movilidad para sus trabajadores». El ministerio de Diana Morant reconoce una única medida adoptada en atención a las reclamaciones de Fernández: dotarla de un camarote individual. Pero lo que ella necesitaba era no volver a embarcar en ese buque, como indicó el abogado de la familia, Diego Leis.
Con el buque a la espera de turno para el desguace, el CSIC ha tomado la decisión de despedir al personal adscrito al oceanográfico, formado por laborales fijos de la institución con convenio propio. Es decir, «empleados públicos, como el resto del personal laboral del CSIC, altamente especializado y con experiencia más que acreditada», según denunciaron los sindicatos UGT, CSIF y CIG, que lamentan la «absoluta falta de voluntad negociadora» del CSIC.
El abogado de los familiares estudia nuevas acciones legales, después de que la Audiencia Provincial de Valencia confirmase en abril el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía que decretaba el archivo y sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no había indicios de delito en la desaparición. Leis apunta a las posibles responsabilidades de la empresa, ya que Carmen desapareció mientras trabajaba, y lamenta que el juzgado valenciano archivara el caso sin practicar ninguna diligencia, más allá de las realizadas por la Guardia Civil. El abogado reclamó de hecho la toma de declaración de más tripulantes, al alegar que la Guardia Civil solo interrogó a cuatro de los 16 tripulantes, y que se pidan las grabaciones de las cámaras de seguridad del buque, que depende del CSIC.
También la denuncia de Carmen Fernández por abuso sexual contra el otro tripulante terminó sobreseída, tras un acuerdo de conformidad en el que Carmen y el supuesto agresor alegaban que todo se trató de un «malentendido» y ambos se comprometían a no tratarse en el futuro. Ella tuvo que embarcarse nuevamente en el García del Cid cuando se reincorporó al CSIC tras su baja. La presunta agresión sexual la destrozó: «Estuvo dos años con tratamiento psicológico», señala el abogado. El suicidio es la principal hipótesis de los investigadores. «Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho», escribió durante esa fatídica travesía en una agenda que empleaba a modo de diario.
El caso ha servido al menos para la implementación de un protocolo antiacoso propio para la flota del CSIC, según anunció la ministra en el Congreso de los Diputados. «Todas las personas que denuncien acoso en el CSIC pueden tener la certeza de que los casos van a ser investigados», señaló Morant, que animó a las mujeres a revelar estas conductas. «No podemos ignorar que las víctimas tienen miedo a denunciar, a las consecuencias». En realidad, el ministerio está actualizando un protocolo ya existente. Entre los años 2019 y 2023, hubo doce denuncias formales y otras tantas activaciones del protocolo, de las que siete se admitieron a trámite siete y cinco provocaron la apertura de expediente disciplinario, con sanciones en tres de ellos. «Se hizo seguimiento, también, de los casos que no entraban dentro del ámbito de aplicación del protocolo», según informó el Gobierno.
Dicho protocolo del CSIC recoge la posibilidad de una movilidad de centro de trabajo como medida de protección a las personas afectadas por acoso, pero esa posibilidad no se aplicó en el caso de Carmen Fernández, según la institución a la que pertenece el barco, porque el convenio no lo permitía. El nuevo reglamento incluirá explícitamente el traslado de barcos como medida de precaución, así como el endurecimiento de las sanciones para los agresores.
Fuente:elconfidencial.com
