Unos 230 contratados por una empresa semipública reclaman un convenio colectivo

Emma Bardán, Miguel Oliver y Vizconde de Eza son los tres buques oceanográficos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Al Instituto Español de Oceanografía, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pertenecen otros tres, el Ángeles Alvariño, el Sarmiento de Gamboa y el Ramón Margalef. Y el Socib es el barco adscrito al Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares. Juntos emplean a unos 230 tripulantes, calcula uno de sus representantes, en nombre del «cien por cien» de dotaciones contratadas por la empresa semipública Tragsatec, filial de Tragsa. Después de meses reclamando un convenio colectivo, las repetidas «evasivas» los llevan a denunciar públicamente que trabajan sin «un convenio o un acuerdo legal digno para nuestra profesión».

Pesca y CSIC subcontratan el personal de los siete oceanográficos a Tragsatec. Y esta «se niega en rotundo, siempre con las mismas excusas», a negociar un convenio que reivindican para que «se dignifique esta profesión». Según delegados sindicales, la firma alega que, «al ser una empresa semipública, es imposible» negociar un convenio porque «hay que tratar con varios ministerios, es muy complejo…».

Son los mismos argumentos que escuchan en las reuniones telemáticas cuando proponen como alternativa «un acuerdo entre empresa y trabajadores» con el que aspiran a «mejorar, dentro del marco laboral y jurídico, las condiciones de un colectivo descuidado por la empresa desde hace años». A la espera del encuentro presencial con Tragsatec anunciado para septiembre, las tripulaciones advierten de que, si no les escuchan, se «incrementarán las medidas de presión».

Quieren negociar y documentar legalmente las peculiaridades de su trabajo en los oceanográficos para regular tablas salariales, jornadas laborales de los distintos departamentos, períodos de embarques y seguridad y salud. También proponen que Tragsatec gestione embarques y desembarques, y que les brinde formación para obtener o renovar los certificados exigidos para desempeñar sus profesiones.

Comunicarse con las familias

Además, exigen el reconocimiento de su antigüedad «como empleados públicos», así como el de los trabajos extraordinarios. Solicitan que se cubran las plazas de los tripulantes cuando caen de baja y, «si por causas de fuerza mayor» la tarea la asumen sus compañeros, la compensación económica y el tiempo libre que corresponda. Pendientes de sentencias tras denunciarlo en los juzgados, también demandan que «se reconozcan y abonen las guardias» del personal de máquinas, porque no son de disponibilidad, sino de «trabajo efectivo tanto en puerto como en el mar».

Otra petición es «una necesidad intrínseca para la salud de las personas: garantizar que todos los tripulantes se puedan comunicar con sus familias» desde el mar con conexiones de internet y teléfono «dignas y gratuitas».

Fuente:lavozdegalicia.es