Telefónica finaliza el ERE pactado hace un año y completa las 3.420 salidas previstas

La operadora amplía el número máximo de extinciones pactadas con los sindicatos en áreas críticas para cubrir las solicitudes de trabajadores y así llegar al número máximo de salidas de 3.420.

Telefónica ha completado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su plantilla en España pactado la Navidad pasada con la representación sindical. La operadora de telecomunicaciones ha ampliado el número máximo de extinciones pactadas en áreas críticas no excedentarias para cubrir hasta seis solicitudes de empleados y así llegar al tope de 3.421. Salieron antes de que finalizara el año. A lo largo del 2024 se han ido produciendo decenas de salidas de trabajadores ‘rezagados’ que se mantuvieron en sus puestos de áreas críticas durante varios meses más.

En la última Comisión de Seguimiento del despido colectivo del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete, la empresa aceptó la petición de la representación sindical de alcanzar el número máximo de rescisiones de contratos voluntarias que se situaba en 3.393 (se presentaron 3.640 solicitudes voluntarias de los trabajadores). Así se produjeron antes de que finalizara el ejercicio un total de cuatro bajas en Telefónica de España y 2 en Telefónica Móviles, según informó CCOO a los empleados. En la tercera filial afectada por este procedimiento, Telefónica Soluciones, quedó cerrado el cupo al cubrir el número de bajas previsto con personas voluntarias a principios de 2024.

La clave está en las áreas no excedentarias. La operadora fijó unos departamentos que eran críticas. Entre ellas estaban el negocio para empresas y el mayorista junto con otras en Operaciones y Red de Telefónica de España y de Móviles. En total se recibieron 457 solicitudes pero no se admitieron en un principio 244. En un principio, la dirección del grupo aceptó que se fueran incluyendo algunas salidas más desde esas 3.393 iniciales hasta llegar al máximo. En total eran unas 28.

En esta última reunión celebrada justo antes de Navidad se han sumado, por tanto, las últimas seis extinciones. Para determinar cuáles serían los trabajadores aceptados para cubrir este nuevo cupo, la empresa ha seguido los criterios de relación pactados y recogidos en el acuerdo final. Tenían preferencia los trabajadores que fueron vetados en el plan de bajas (PSI) de 2021. Y junto con la voluntariedad pasarían por delante los que tuvieran más edad y estuvieran más cerca de la jubilación.

En esta ocasión, ante la distribución de las
fechas, se ha tenido que adelantar la fecha de extinción unos días desde
el pasado 31 de diciembre. El objetivo es, con la normativa del
Convenio Especial con la Seguridad Social, que todas las afectadas que
hayan extinguido su contrato en el año natural inicien el periodo de
cotización por la base máxima al mismo tiempo desde el inicio de enero
de 2027. CCOO ha aplaudido que se haya dado salida a la totalidad de
extinciones “ya que se trata de personas que voluntariamente solicitaron
su adscripción”.

Hace ahora justo un año se pactó el ERE con un tope de indemnización del 68% del salario regulador
(sueldo fijo dividido en doce mensualidades) para los nacidos en 1968
(55 años), lo que supone igualar el tope planteado en el Plan de Bajas.
Pero con una salvedad, éste último era hasta la edad de jubilación y en
el caso de este ERE se recorta un 38% desde los 63 a los 65 años. Para
los nacidos entre 1964 y 1967 se entregará un 62% del salario y un 34%
en los dos últimos ejercicios. Para los más veteranos tendrá un 52%. Eso
sí, este dinero se compatibiliza con la pensión de una prejubilación.
La prima de voluntariedad entregada se elevaba a 10.000 euros.

Telefónica retomó la fórmula del ERE después de ejecutar tres
programas de bajas, conocidos internamente como planes de suspensión
individual, desde el año 2015. Esto llevó a que la compañía tuviera que afrontar el coste del desempleo de los trabajadores afectados, basándose precisamente en lo que se ha venido a conocer como ‘cláusula Telefónica’. En las cuentas de 2023 se registró una ‘provisión’ de 1.320 millones de euros antes de impuestos para abordar tanto esta compensación como, principalmente, las rentas.

El ERE se pactó en paralelo a un nuevo convenio colectivo en una comisión con una representación sindical que ha sido respaldada recientemente en la Audiencia Nacional en una sentencia tras la denuncia del sindicato minoritario STC. En este marco laboral nuevo se incluía una subida del 1,5% con carácter consolidable y un plus de hasta 300 euros. Y se mantuvo la cláusula con la que a finales de 2026 se revisará el IPC real acumulado y se compensará en caso de pérdida de poder adquisitivo. Con todo, la operadora se aseguró la ‘paz social’.

Fuente:20minutos.es

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