El expediente sancionador abierto por la Dirección General de la Marina Mercante concluye que los responsables del buque MARSHAL KRYLOV cometieron una infracción en materia de prevención de la contaminación del medio marino.

La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha impuesto una sanción de 250.000 euros al buque pesquero MARSHAL KRYLOV, con bandera de Camerún, por el derrame de unos 200 litros de fuel al mar (200.000 euros) y por incumplimiento del deber de notificar el suceso (50.000 euros).

La resolución establece también que los infractores tendrán que abonar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) los gastos ocasionados por las labores de limpieza de las aguas contaminadas.

El vertido tuvo lugar en aguas del Puerto de Las Palmas el 12 de noviembre de 2023, durante las operaciones de trasiego de combustible de un tanque a otro, y durante la investigación se comprobó que hubo negligencias al llevarlas a cabo.

Este episodio de contaminación obligó a la Capitanía a activar el Plan Marítimo Nacional en situación 1. También se activó el Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas y se puso en marcha un operativo para la monitorización, control y limpieza de la descarga de fuel que, por fortuna, no trascendió de las aguas portuarias.

La Capitanía Marítima de Las Palmas, tras las actuaciones inspectoras correspondientes, inició un procedimiento administrativo sancionador a la compañía naviera, a su capitán y al asegurador. Este procedimiento ha finalizado y los responsables del buque han procedido al pago.

Quien contamina, paga

Estas actuaciones son una muestra más de que la Administración marítima española trabaja en la lucha contra la contaminación en el mar, poniendo freno a episodios de este tipo, que contravienen nuestro ordenamiento jurídico.

En concreto, se ha infringido el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL), sobre control de las descargas de hidrocarburos, que obliga a los Estados parte a sancionar las transgresiones que ocurran en sus aguas con sanciones lo suficientemente severas para disuadir este tipo de conductas perjudiciales para el medio marino. De esta forma, se actúa a favor de la sostenibilidad de nuestros mares.

Fuente:lapovincia.es