Marlaska insiste en que «la gestión de planes de Protección Civil es competencia exclusiva de las comunidades» y en que el Ejecutivo de Mazón era el que tenía activar el aviso «masivo» a los móviles.

El Ministerio del Interior se descarga de cualquier responsabilidad por la supuesta activación tardía de los planes de Protección Civil la tarde del martes en Valencia durante la dana. Y, sobre todo, se desvincula del retraso de la «alerta masiva» a los móviles de las zonas afectadas, que se lanzó a las 20:10 horas cuando las lluvias y riadas ya estaban arrasando varios municipios de los alrededores de la capital. La responsabilidad de ese aviso tardío, zanja el Gobierno central, fue exclusivamente de la Generalitat Valenciana que preside el popular Carlos Mazón.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska lanzó esta madrugada un comunicado para desmentir «determinadas informaciones erróneas» y recordar que «la activación de los planes territoriales de protección civil ante una emergencia de cualquier tipo y su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas, que son las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente».

Sin citar expresamente a Mazón, Interior salía al paso de las declaraciones del presidente valenciano, que el miércoles aseguró que desde la Generalitat se siguieron todos los protocolos para avisar a la población de los riesgos que entrañaban las previsiones meteorológicas. «Es un sistema protocolizado que se ha seguido por todos los técnicos, los altos mandos, coordinados por las diferentes administraciones; está previamente establecido y lo coordina Protección Civil del Gobierno de España», señaló el presidente, apuntando la responsabilidad del Ejecutivo central.

Efectivamente, el Gobierno central podía haber decretado una situación de «emergencia de interés nacional», lo que hubiera supuesto que los responsables del Ministerio del Interior se hubiera colocado al frente del dispositivo. De hecho, el gabinete de crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa estudió la posibilidad de declarar de manera unilateral esa emergencia nivel 3, hurtando las competencias a Mazón, pero finalmente  esta posibilidad fue descartada, según han revelado fuentes de ese gabinete.

Diferentes organismos

En su comunicado, Interior sí reconoció hay diferentes «organismos competentes» para detectar «posibles riesgos naturales que pueden afectar a población, bienes, infraestructuras, patrimonio cultural y similares» y que estas instituciones, efectivamente, pueden depender de diferentes administraciones. Sin embargo —precisó el departamento de Marlaska—, todas están obligadas a emitir «avisos a los organismos autonómicos de Protección Civil», que reciben estas alertas y que son los responsables de hacer un «análisis de riesgos» y de «evaluar sus posibles consecuencias».

«Alertas correspondientes»

El Ministerio del Interior explicó en su largo comunicado que, dependiendo de la envergadura territorial de la amenaza, siempre las «autoridades autonómicas» decretan: la «situación operativa 1» (ámbito municipal y/o de la comunidad autónoma), que puede afectar a un municipio o a varios y la dirección de la emergencia es responsabilidad de la comunidad autónoma; o la «situación operativa 2» (ámbito autonómico), cuando la emergencia puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad autónoma. En este segundo supuesto, «la dirección operativa la ejerce la autoridad autonómica en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales autonómicos necesarios».

Es esta segunda situación operativa la que se dio el martes por la tarde en Valencia, por lo tanto, según Interior, «corresponde a las autoridades autonómicas de Protección Civil la gestión del protocolo ES-Alert para enviar alertas a la población que se encuentre en una zona afectada por emergencias o catástrofes inminentes». «En el caso de la dana que ha afectado a la Comunidad Valenciana, el envío de esta alerta masiva a la población era responsabilidad de la Generalitat —insisten desde el Ejecutivo central—, como ya hicieron los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía en pasadas emergencias de similares características». En esta situación operativa, la autoridad competente en Protección Civil puede, en función de la gravedad de la emergencia y la disponibilidad de medios, solicitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior la activación de medios extraordinarios del Estado, como por ejemplo la Unidad Militar de Emergencias (UME). En este caso, no se pidió su ayuda hasta las 20.36 horas del martes.

Fuente:lavozdegalicia.es