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Expertos en socorro ven «irregularidades» en la investigación de la colisión entre un ferry y un mercante en el Estrecho.

El Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro ha instado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a que corrija «de forma inmediata» la «grave irregularidad administrativa» que ha identificado en la investigación abierta en el abordaje acontecido el pasado 13 de enero en el Estrecho de Gibraltar entre el buque de pasajeros ‘Millenium Dos’ de Acciona y el mercante ‘New Glory’.

Según el portavoz del grupo de expertos en socorro , Antón Salgado, «no son la Capitanía Marítima ni sus inspectores los responsables de la investigación, sino los investigadores de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos y la propia Comisión».

Salgado, que fue ponente en la Comisión del ‘Prestige’, considera que «tal y como está enfocada esta investigación, la irregularidad es palmaria», ya que, según ha recordado, «la Resolución legislativa del Parlamento Europeo fechada en 2008 sobre los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo deja en muy mal lugar al Ministerio de Fomento y la mala forma que tiene, de forma recurrente, de encauzar las investigaciones de siniestros marítimos».

«El Ministerio de Fomento y la Dirección General de la Marina Mercante deben garantizar que las investigaciones de seguridad se lleven a cabo bajo la responsabilidad de un organismo o entidad de investigación permanente e imparcial, dotado de las competencias necesarias y compuesto por investigadores debidamente cualificados, competentes en los aspectos relacionados con los siniestros e incidentes marítimos», ha destacado el grupo a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Para este colectivo, el organismo de investigación debe actuar «con independencia funcional» respecto «de las autoridades nacionales competentes en materia de navegabilidad, certificación, inspección, dotación, seguridad de la navegación, mantenimiento, control del tráfico marítimo, supervisión por el Estado rector del puerto y explotación portuaria, de los organismos que realicen las investigaciones con el fin de determinar responsabilidades o de aplicar la ley y, en general, de cualquier otra parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido que se le haya encomendado».