La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, este martes en Santiago.

La conselleira Ángeles Vázquez ofrece en el Parlamento «un pacto de país» para la ordenación y gestión del litoral gallego.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta irá a los tribunales para «impugnar» la decisión del Estado de no iniciar procedimiento de existencia de responsabilidad por el daño ambiental y los costes generados a raíz del los pélets aparecidos en la costa gallega procedentes de un contenedor que el buque mercante Toconao perdió en diciembre de 2023 frente a las costa de Portugal. En el pleno, la responsable autonómica cifró en 2,5 millones el coste del operativo que puso en marcha en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros por el vertido.

En la misiva, la conselleira recuerda que la solicitud para iniciar dicho procedimiento fue formulada por la Xunta el 19 de enero de 2024 y reiterada el 15 de abril de 2025 ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno. Sin embargo, el 5 de mayo el secretario de Estado de Medio Ambiente respondió que el asunto se estaba tramitando desde el Ministerio de Transportes al amparo de la Ley de Navegación Marítima, lo que justificaba, a su juicio, no incoar un expediente de responsabilidad medioambiental.

La Xunta considera que esta respuesta supone una inadmisión expresa de su solicitud y, por tanto, activa el mecanismo legal de requerimiento previo antes de presentar el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. «No nos deja más opción que recurrir a los tribunales para impugnar dicha decisión», señala Vázquez en la carta.

En el escrito, la conselleira insiste en que el Ejecutivo gallego actuó como parte interesada, al haber adoptado y ejecutado medidas operativas durante el episodio de contaminación, y subraya la necesidad de que se identifique a los responsables, se evalúen los daños al dominio público, se definan las medidas de reparación y se determine la cuantía de las actuaciones asumidas por las autoridades autonómicas y locales.

 Pacto por el litoral

En el pleno del Parlamento, cifró en en 2,5 millones el coste del operativo que puso en marcha en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros por los pélets procedentes de un contenedor que el buque mercante Toconao perdió en diciembre de 2023 frente a las costa de Portugal. El pasado día 4 remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para darle traslado de un requerimiento previo a la vía contenciosa administrativa ante la negativa de iniciar este proceso de responsabilidad ambiental. En la misiva, 

Pacto de país por el litoral

La conselleira propuso en el pleno del Parlamento «un gran pacto de país» para desplegar todo el potencial del litoral gallego a través de un marco legislativo, una semana después de asumir sus competencias, la primera competencia autonómica recibida en 17 años. En su comparecencia a petición propia, defendió mantener el espíritu participativo con el que nació la norma. «Non é unha cesión competencial calquera -expuso- sabemos protexela, coidala e aproveitar o seu enorme potencial para crear emprego e tamén oportunidades», expuso Vázquez, que invitó a los grupos del Parlamento a contribuir en esa gestión.

La responsable autonómica señaló que la cumbre de concellos costeros prevista para septiembre, en la que participará la Fegamp, será el punto de partida para impulsar ese pacto gallego por el litoral, con el objetivo de convertir la costa en un ejemplo de dinamismo económico sostenible. Subrayó que la gestión integrada debe ir más allá de intereses particulares o ideológicos y avanzar hacia un modelo que ofrezca garantías jurídicas a quienes tienen algún tipo de interés en el dominio público marítimo-terrestre. En su definición de las tres franjas con usos diferenciados de acuerdo a su estado de conservación, rechazó comparaciones con convertir la costa gallega «nun Benidorm», recordando que el 75 % de la costa será de máxima protección ambiental.

También criticó la confrontación impulsada desde el Gobierno central, haciendo un repaso cronológico del historial de desencuentros con Madrid, cuyo punto álgido llegó con el recurso de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga) ante el Tribunal Constitucional. Señaló que la normativa recibió por unanimidad el aval del Constitucional, que reconoció que el derecho a que la Administración autonómica ordenase y gestionase su litoral. Vázquez reivindicó así que la norma gallega sirviese de ejemplo a otras comunidades, y defendió que debería servir de base para modificar la Ley de Costas estatal, adaptándola a la realidad actual y a las necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Además, explicó que desde el 1 de julio la Xunta tiene habilitada una ventanilla única electrónica para todos los procedimientos vinculados al litoral, unificando en un único formulario todas las solicitudes de autorizaciones o concesiones. «Ventanilla única, título único», subrayó, frente al procedimiento actual que podía dilatarse meses o años. Detalló que ya se han recibido unos 500 expedientes del Estado y que, para sorpresa del Ejecutivo gallego, lamentó, muchos de ellos deberían estar ya resueltos la semana pasada, por lo que los técnicos autonómicos trabajan intensamente para tramitar sus autorizaciones a tiempo. Señaló que se trata de una cuestión vital, dado que afecta a la gestión de 1,6 millones de hectáreas en las que vive el 58 % de la población gallega, repartida en 86 concellos.

La conselleira anunció también medidas como el Rexistro do litoral, un concurso de ideas para diseñar un chiringuito biosostenible, una red de sendas y otra de establecimientos turísticos, así como un programa para revitalizar el patrimonio arquitectónico, histórico o cultural del litoral.

Fuente:lavozdegalicia.es