Agrupará las comisiones que abordaban los siniestros en los distintos tipos de transporte, tendrá más independencia y las víctimas podrán acceder a las investigaciones desde el principio

La nueva autoridad independiente que investigará tanto los siniestros ferroviarios como los marítimos o los de aviación tendrá la luz verde definitiva el próximo 23 de julio. Es entonces cuando está previsto que concluya la tramitación parlamentaria de la Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. La nueva entidad agrupará el trabajo que hasta el momento venían realizando tres comisiones distintas adscritas al Ministerio de Transportes: la CIAIM (Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos), la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) y la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil).

El texto legal fue aprobado a finales de junio en el Pleno del Congreso con los votos en contra del PP (debido a que incluía una enmienda con contenido económico), la abstención de Vox y el voto a favor del resto de los grupos. Esta semana se tramita en el Senado. Este miércoles pasará por comisión y está previsto que el Pleno de la Cámara alta valide el proyecto de ley en su pleno del 17 de julio. Volverá entonces a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Está previsto abordarlo en el pleno del Congreso del día 23, cuando quedarían concluidos los trámites y se daría luz verde a la creación de la nueva autoridad.

Además de agrupar la investigación de los siniestros de los distintos tipos de transporte, buscando esclarecer las causas y emitiendo recomendaciones para que no vuelvan a producirse, el nuevo organismo tendrá mayor independencia, al contar con personalidad jurídica propia y autonomía financiera. Tanto su presidente como sus consejeros tendrán dedicación exclusiva y un régimen de incompatibilidades estricto, sin poder dedicarse al sector privado.

Pero además, la nueva autoridad tendrá la obligación de atender y mantener informadas a las víctimas de los accidentes y a sus familiares, que podrán tener acceso a las investigaciones desde su inicio. Estarán legitimadas para recibir la información obtenida, los procedimientos seguidos, los informes y conclusiones finales y las recomendaciones, antes de que se hagan públicos.

La creación de esta autoridad independiente ha sido durante años una reclamación de afectados en España por distintos siniestros, como el accidente de Spanair del 2008 en Madrid en el que murieron 154 personas, el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois en el 2013 (80 muertos y 145 heridos) o el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo que se hundió en Terranova en el 2022 dejando 21 víctimas mortales.

El proyecto de ley que presumiblemente se aprobará de manera definitiva a finales de este mes procedía de la pasada legislatura, pero decayó al convocarse las elecciones generales del 2023, y fue retomado por el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, prácticamente sin cambios.

Fuente:lavozdegalicia.es