La legislación prevé que el Ministerio del Interior se haga con el control de una emergencia en casos que superan a las comunidades autónomas.

Es en este escenario cuando los gobiernos regionales pueden solicitar la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pudiéndose activar otras unidades militares por cuestión de cercanía –como en el caso actual, con el Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra–. También pueden emplear el sistema ES-Alert para enviar mensajes a la población. Son las regiones las que deciden cuándo y cómo emplean estas posibilidades.

Más de un centenar de muertos, numerosas personas desaparecidas, infraestructuras terrestres arrasadas por la fuerza del agua… Una parte de la Península Ibérica está sufriendo desde hace varios días las catastróficas consecuencias de una de las DANA o Gota Fría más trágicas de las últimas décadas. Todavía hay zonas del territorio nacional en alerta roja por la intensidad de las lluvias que van a sufrir durante las próximas horas.

La Ley de Protección Civil dice que son las diferentes administraciones autonómicas las que tienen la competencia para hacer frente a estas situaciones mientras el escenario no supere los dos primeros niveles de alerta o emergencia. El nivel 1 es aquel en el que los daños están en una zona localizada y se puede hacer frente a los mismos con el plan de emergencias local, municipal, provincial o autonómico.

El nivel 2 de alerta o emergencia es aquel en el que los daños superan ya las capacidades y recursos con los que cuenta la comunidad autonómica afectada, o la previsión a corto plazo es que en las siguientes horas puedan verse superadas sus capacidades. En este caso, siempre bajo mandato autonómico y siguiendo el plan de emergencias de esa región, se activan medios o recursos de carácter estatal.

Pero hay situaciones en las que el nivel 2 se queda corto. Es entonces cuando se aplica, según se establece en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), el nivel operativo 3, lo que se conoce como una «emergencia de interés nacional«. Este nivel se aplica, según queda reflejado en el artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, a consideración de tres tipos de autoridades diferentes.

Exactamente, o bien porque el Gobierno central cree de manera unilateral que la situación de la emergencia supera o va a superar la capacidad de gestión de las regiones, o bien a petición de los presidentes autonómicos cuyas regiones están siendo o se van a ver afectadas, o bien por solicitud expresa de los delegados del Gobierno en las zonas afectadas.

En el caso actual, no consta ni que Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) ni que Emiliano García Page (Castilla La Mancha) hayan pedido la subida al nivel 3. El Gobierno central tampoco decidió hacerlo en las reuniones del Comité de Situación –reunido siguiendo lo que marca la Ley de Seguridad Nacional– en el Palacio de La Moncloa, ni a través de los delegados del Gobierno: Pilar Bernabé (Comunidad Valenciana) y Milagros Tolón (Castilla La Mancha).

En el caso de una «emergencia de interés nacional«, los gobiernos regionales son despojados de toda competencia para la gestión de la emergencia y todas las decisiones pasan al ministro del Interior. En el caso actual, a Fernando Grande Marlaska, que tendría competencia para movilizar los recursos estatales, los de las comunidades autónomas afectadas por la catástrofe y los de las que no están afectadas, y todos los recursos de las administraciones locales.

La Ley establece que se podrá decretar una «emergencia de interés nacional» en tres supuestos: cuando la situación requiera proteger a personas y bienes aplicando los estados de alarma, excepción y sitio; cuando sea necesario coordinar a varias comunidades autónomas y se exija la aportación de «recursos de nivel supraautonómico»; y cuando las dimensiones efectivas o previsibles del suceso requieran «una dirección nacional» de las administraciones implicadas.

En el caso de la actual DANA, están claro que la situación no ha cumplido con el primero de los criterios. Sí lo ha hecho con el segundo, pues ha afectado a dos comunidades autónomas diferentes (en las próximas horas podría afectar a más) y ha sido necesario utilizar a la UME y los medios militares de otras unidades. El tercer criterio está abierto al debate político: ¿era necesaria una «dirección nacional» ante la situación creada?

Fuente:libertaddigital,com