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La desventurada historia del COMME y de los intentos de regeneración

por Juan Zamora Terrés13 diciembre, 2023

Durante los años de la Transición (diciembre 1973-diciembre de 1982, del asesinato del almirante Carrero Blanco al primer Gobierno del PSOE), hubo un debate profesional casi olvidado porque en aquellos inextricables años todo parecía estar en cuestión y creíamos posible mejorarlo todo. El debate versaba sobre la sindicación de los técnicos y eran sus protagonistas los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, y algunos colectivos técnicos menores que con los años habían vivido el proceso de salarización que les había convertido en empleados al servicio de una empresa. También participaban abogados y médicos, colectivos ambos que mantenían el ejercicio liberal de la profesión, aunque ya eran mayoría los que estaban empleados en la Administración y en menor medida en empresas privadas. A estos dos colectivos les preocupaba en primer lugar esa regla antigua de la colegiación obligatoria.

¿Qué sentido tenía el colegio profesional, al que le estaba vedado defender los derechos laborales de los técnicos asalariados? Lo lógico era que los profesionales a sueldo de una empresa estuvieran sindicados o en asociaciones voluntarias de trabajadores para defender el salario, los horarios, las vacaciones y demás condiciones de trabajo que negociaban los sindicatos con la patronal. El debate se extendía y ramificaba: ¿deberían los técnicos contar con una organización propia dentro del sindicato de clase (de clase en contraposición a los sindicatos verticales del franquismo, que agrupaba en la misma organización a trabajadores y empresarios), o por el contrario debían evitar caer en el espejismo de una sección propia y autónoma? ¿Cuál era la mejor forma de defender los intereses profesionales de los trabajadores titulados?

¿Había intereses profesionales que no estuvieran comprendidos en los intereses generales como trabajadores?

La cuestión de la colegiación obligatoria era rechazada de manera unánime, pues no era más que un peaje sin sentido en una sociedad abierta donde la pertenencia a asociaciones de cualquier tipo había de ser voluntaria. Del debate quedaban fuera, claro está, los profesionales que ejercían por su cuenta la medicina y la abogacía, por ejemplo. A éstos era a quienes iba dirigida la ley de colegios profesionales de 13 de febrero de 1974, una ley paradigmática de la Transición, con elementos liberales y democráticos sumidos en un contexto político y legislativo propio del régimen franquista.

Una buena parte de la izquierda de aquellos años se decantaba por la sindicación de los profesionales y el abandono de los colegios profesionales, pues éstos no estaban diseñados para defender a los técnicos asalariados, que eran la mayoría, y por tanto no eran útiles. En contra, parte de la derecha conservadora que consideraba que había intereses y problemas profesionales, ajenos a los trabajadores no titulados, de los cuales el sindicato no podía ocuparse, de modo que el colegio, o una asociación profesional, continuaba siendo tan necesario, o casi, como el sindicato. Hablaban, sobre todo, de problemas sobre atribuciones y competencias profesionales con la pretensión de conservar, o conquistar, determinados derechos o parcelas de actividad profesional. ¿Por qué los aparejadores no podían firmar determinadas obras? ¿Por qué los ingenieros no podían firmar el proyecto de una vivienda y sí podían firmar el proyecto de una fábrica o una nave industrial? Los países más avanzados tienden sin excepción a abolir los antiguos derechos profesionales, propios de una sociedad gremial, sin perjuicio de velar por la aptitud, la formación y la actividad de los técnicos y profesionales.

La graciosa ley que creó el COMME

El debate tuvo dos momentos estelares: el I Symposium sobre Colegios Profesionales, Barcelona, abril de 1976; y el primer Congreso Nacional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Torremolinos, octubre de 1976.

Aunque consta la participación de algunos marinos mercantes, el debate se antojaba ajeno a la situación real de los titulados de puente, máquinas y radio, todos sin excepción asalariados, de forma que un colegio profesional de marinos resultaba inimaginable, por inútil e innecesario. Pero algunos profesores de las escuelas de Náutica de Barcelona y Tenerife se empeñaron en conseguir un colegio profesional con objetivos nunca bien aclarados, pues los temas formativos y de titulación y competencias profesionales ya contaban con canales de participación, sobre todo del profesorado de las escuelas, y además se acababan decidiendo en ámbitos internacionales.

También la Unión de Oficiales de la Marina Mercante, UOMM, creada en 1961 en el seno el Sindicato Nacional de Marina Mercante con la vocación de perpetuar la división entre titulados y no titulados a bordo, se despertó de pronto con el discurso de que su gran aspiración, a la que no habían hecho ninguna referencia en sus quince años de vida, era conseguir un colegio profesional.

Finalmente, los profesores de las escuelas (Ernesto Verdera a la cabeza), mejor conectados con las fuerzas políticas y sociales que empujaron el cambio de una dictadura a un régimen constitucional que los miembros de la UOMM capitaneados por el inefable Emilio Catarineu, se llevaron el gato al agua. Y lograron que en el BOE del 11 de junio de 1977 apareciera la ley 42/1977 que creaba el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (COMME).

En la exposición de motivos de la ley aparece un apartado 2 que de forma graciosa afirma que Los Oficiales de la Marina Mercante Española han venido expresando ante la Administración, desde hace varios años y de un modo continuado, su aspiración de agruparse colegiadamente para dar cauce a la adecuada representación de sus intereses, una afirmación tan falsa como la que proclamaba la UOMM. El extraordinario crecimiento del Sindicato Libre de la Marina Mercante en aquellos años vino a demostrar que los oficiales y en general los trabajadores de la marina mercante querían una organización que defendiera sus intereses laborales frente a las empresas.

En todo caso, de pretender una organización propia para los titulados de marina mercante, lo suyo era crear un sindicato categorial siguiendo el modelo del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), no un colegio. Y así se hizo, en efecto, con la creación del Sindicato Español de Oficiales de la Marina Mercante (SEOMM), obra de los titulados que no querían compartir casa sindical con los no titulados al considerar que los intereses de ambos eran distintos, un argumento con muy pocos mimbres, si alguno, que en realidad se apoyaba en la ilusión de que los técnicos eran diferentes, es decir superiores, un (digamos) sentimiento bastante arraigado en aquellos años, singularmente en Trasmediterránea.

Los estatutos en vigor del COMME

Creado el COMME era imprescindible redactar unos estatutos que regularan su funcionamiento. No hay mejor prueba de la inutilidad del colegio profesional para los marinos que el examen de los estatutos del COMME, una norma inspirada en los estatutos de los colegios de abogados, de ingenieros y de arquitectos técnicos que nada tiene que ver con la realidad profesional/laboral de los marinos mercantes. Unos estatutos con ribetes franquistas que, en su artículo 2, establece que el fin del colegio es “la ordenación de la profesión”, sin que nadie sepa qué demonios quiere decir eso en una profesión asalariada y regulada internacionalmente; y que en su artículo 3, impone una absurda colegiación obligatoria para navegar, un peaje característico de los regímenes autoritarios, el franquismo sin ir más lejos. Que prevé colegios territoriales (artículos 29 a 34), en claro seguidismo a la moda desatada en aquellos años: si no eras periférico, autonomista, secesionista y hablabas de España en vez de hablar del Estado, eras un facha. Esa organización territorial está simplemente copiada, sin atender para nada la realidad de las profesiones náuticas. Que otorga a la Junta de Gobierno del COMME unas atribuciones delirantes a poco que pensemos que ningún marino es un profesional liberal. Que en su artículo 16 exige para la admisión en el colegio “certificado de antecedentes penales”, sin duda un despiste que se coló por la rapidez con que tuvieron que copiarse los estatutos de otros colegios. Que prevé un régimen sancionador desquiciado que a cualquier marino le suena a cháchara oxidada. Etcétera, etcétera.

Esos estatutos siguen en vigor, no hay otros. Y claramente establecen que el 50 por ciento, al menos, de los miembros de la Junta habrán de ser marinos embarcados (“que presten sus servicios a bordo de los buques”), artículo 7. Y que “los miembros directivos del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española ejercerán obligatoriamente los cargos para los que fueron nombrados, salvo que hubieran alcanzado la edad de jubilación” (art. 8), una regla un tanto grotesca con el único valor de señalar que en la Junta de Gobierno no pueden figurar colegiados que tuvieran la edad de jubilación (entonces 65 años, sin contar las reducciones por el tiempo embarcado).

Que el Colegio no constituye un instrumento válido y útil para la defensa de los intereses de los marinos, una profesión que carece del ejercicio liberal que, en parte al menos, tienen otras profesiones, lo demuestra también, en mi opinión, la trayectoria hueca del COMME, que ha pasado, en los más de cuarenta años transcurridos, de trampolín para llegar a la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina a chiringuito supuestamente formativo para beneficio de quienes han colonizado la Junta de Gobierno y están, como lapas, encolados al puesto. Emilio Catarineu, presidente de la UOMM lo expresaba con la poética del franquismo: el objetivo era que se les abrieran las puertas de la patria. Durante los primeros años, también esa fue la esperanza de buena parte de los que ocuparon puestos de dirección del COMME. Y como saben todos los marinos, en algunos casos lo consiguieron. Se les abrieron las puertas de la patria y llegaron a directores generales.

Los marinos, mayoritariamente, desdeñan al COMME. Aunque quienes tienen empuñado al colegio ocultan cuidadosamente las listas de afiliados, los últimos datos confirman que hay menos colegiados en toda España que miembros de las asociaciones de capitanes y oficiales de la marina mercante de Vizcaya y Cataluña.

El COMME saca alguna compensación marginal de la representación que le otorga el Gobierno cuando le conviene (sólo cuando le conviene, sin respeto, todo el mundo conoce la extrema debilidad del chiringuito) pues han probado de sobras su lealtad a los partidos que gobiernan, sea el que sea, que el negocio carece de ideología. Eso explica su silencio cómplice en el naufragio del PRESTIGE (una pretendida operación de salvamento que condujo al desastre y que luego quisieron hacer pagar al capitán del petrolero), o su intervención, a gusto del director general de la época, contra el capitán del AEGEAN SEA. Por el contrario, resulta misión imposible, o casi, encontrar alguna acción del COMME para resolver un problema real de los marinos mercantes. Los dueños del chiringuito prefieren pasar desapercibidos, que no se hable, que el silencio cubra sus desmanes.

El enésimo intento de acabar con la pesadilla

Ha habido a lo largo de estos últimos años algunos intentos para que el COMME deje de ser esa organización inane y patética. Imprescindible en ese objetivo descabalgar a quienes ocupan hoy los puestos ejecutivos del COMME. Pero esa operación que, de acuerdo con los estatutos, no debería resultar complicada, se ha convertido en misión imposible. La Junta actual, la sempiterna, niega el censo y censura los avales de quienes quieren presentarse para renovar la Junta de Gobierno. Los argumentos son obscenos. Que si el censo se hará público “en su momento”, que si los avales aparecen también en otra candidatura y son por tanto inválidos… Imposible comprobar qué otra candidatura o cuando es el momento de hacer público el censo; por si acaso alegan cumplir con el deber de publicación del censo colgándolo de la sede colegial, en Madrid. Con el desparpajo que da la ansiedad por el cargo, la Junta actual niega sin más los derechos de los afiliados recogidos en los estatutos de 1980. Su incumplimiento resulta palmario, pero ahí siguen. Desaniman a quienes de buena fe creen que el colegio puede ser útil a la profesión, que acaban por arrojar la toalla y se olvidan del COMME.

No parece ser el caso de un grupo de marinos (Alfonso Durio, Jose Manuel Rodriguez, Samuel Traba, María González, Rosa Mary de la Campa, Ángel  Grimá y Rodrigo Rodríguez, entre otros), dispuestos a que nos les tomen el pelo por más tiempo y han acudido a los tribunales para solicitar la anulación de una resolución de la Junta del COMME que inadmitía una candidatura alternativa a la oficial por supuestos defectos de forma. Aprovechan la demanda, por la vía contencioso-administrativa, para mostrar un proceso electoral viciado, incumplimientos legales varios que crean indefensión a los candidatos, y denunciar que en la candidatura oficial figuran personas que son los actuales responsables del COMME y que sin ningún pudor se presentan en su doble condición de juez y parte: Germán de Melo, vicepresidente primero; José María Arrojo, secretario general y responsable del censo electoral; Manuel Viñas, tesorero; y Marcelino Fernández, vicepresidente segundo.

Refiriéndose a esas elecciones del COMME, la página en red Fiesta de la democracia en el C.O.M.M.E (1) – Marina Mercante Magazine, informa con sarcasmo de lo que se supone debía de ser una fiesta de la democracia, la convocatoria de elecciones para renovar la Junta de Gobierno, convertida en un lodazal por quienes tienen secuestrado al COMME desde hace tantos años y se resisten como gato panza arriba a ceder el chollete.

Fuente:naucher.com