La Confederación Intersindical Galega (CIG) anunció ayer que la denuncia por homicidio imprudente que ha presentado contra Marina Mercante y Salvamento Marítimo en el caso Cordero puede extenderse también en el curso de la investigación a cargos de responsabilidad en la Xunta.

El sindicato acusa a siete altos cargos del Ministerio de Fomento de homicidio imprudente por omisión y contra los derechos de los trabajadores, y contra los responsables de las dos empresas adjudicatarias del servicio de salvamento, Helicsa Helicópteros y Remasa, por su actuación en el naufragio del pesquero Cordero, que se produjo el 15 de enero y en el que fallecieron cinco personas.

La querella criminal se presentó en la mañana de ayer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que investiga las causas del hundimiento del Cordero. La CIG justifica la denuncia en el hecho de que en las operaciones de Salvamento «no se cumplieron los protocolos establecidos».

Los siete responsables denunciados dependientes de Fomento son Felipe Martínez, director general de la Marina Mercante; Fernando Palao Taboada, secretario general de Transportes; Francisco Suárez-Llanos, subdirector general de Seguridad Marítima y Contaminación; Alfredo de la Torre Prados, subdirector general de calidad y normalización de Buques; Pilar Tejo, directora general de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar); el director de Operaciones de Sasemar, y el director del centro nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo.

Asimismo, la querella se dirige contra el presidente del consejo de administración de la empresa Helicsa Helicópteros y el presidente de la empresa Remolques Marítimos Remasa.

Solicitud de documentos

En la querella, se solicita que se incorporen documentos que podrían esclarecer los hechos ocurridos, como la copia completa de la carpeta correspondiente al siniestro del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, las grabaciones de las comunicaciones realizadas el 15 de enero del Centro de Salvamento de Fisterra, así como los diarios de radiocomunicación y navegación de los buques de salvamento y aeronaves que participaron en el rescate.

«No queremos ser cómplices», recalcó Aboi, de una situación en la que considera que existen responsables políticos que, en algunos casos, ya ocupaban su cargo durante la crisis del Prestige.

«Aquí no es culpa de los muertos, aquí hay protocolos que funcionan mal», subrayó el representante del sindicato. «La culpa tiene nombres, y hay altos responsables que supongo que tendrán que decir qué pasó», concluyó Xavier Aboi.

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