La directora general de Ordenación Pesquera, con el conselleiro de Mar, clausuró ayer el curso de la FAO que se impartió a bordo del Intermares en el Puerto de Vigo

La directora general de Ordenación Pesquera, Aurora de Blas, destacó ayer en Vigo el liderazgo de España en la labor de vigilancia y control pesquero, uno de los pilares básicos para fomentar la sostenibilidad del sector y de los recursos pesqueros. De Blas ensalzó el celo de España en la inspección ante funcionarios de varios países caribeños que se encargarán del futuro sistema de control de sus respectivos países. Se trataba de los asistentes al curso para instruir a inspectores de pesca en la aplicación del acuerdo de medidas del Estado Rector del Puerto, organizado por la FAO e impartido a bordo del buque Intermares en el Puerto de Vigo.

La directora general participó en la clausura junto al conselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y representantes de la FAO. Precisamente, De Blas resaltó la «excelente colaboración entre el Gobierno de España y la FAO en el marco de las actuaciones dirigidas al sector de la pesca y la acuicultura, unas buenas relaciones que garantizan futuras ediciones del curso», expone el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

La actividad formativa curso, que este año llegó a su cuarta edición, forma parte del Programa Mundial de Capacitación en Pesca de la FAO, que apoya la implementación del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA) y otros compromisos internacionales. En esta ocasión han participado 16 funcionarios de países anglófobos del Caribe, todos ellos con diferentes cargos de responsabilidad en sus países de origen en el ámbito de la inspección pesquera. A lo largo del curso, los alumnos han podido conocer diferentes técnicas de inspección portuaria para combatir la pesca ilegal.

Lucha a nivel autonómico

También para la Consellería de Mar la lucha contra la pesca ilegal es una prioridad, por su importante impacto que tiene tanto en el sector como en el medio ambiente. Los perjuicios económicos al sector están incluso cuantificados, pues, de acuerdo con un estudio de la Universidade de Santiago, cada año se detectan en Galicia, de media, unos 1.750 furtivos que poden pueden llegar a capturar ilegalmente más de 73 toneladas de marisco. Según ese estudio, en el período 2012-2022, las pérdidas rondarían los 7 millones de euros.

Villares destacó la colaboración de cofradías, fuerzas de seguridad autonómicas y del Estado, así como la Fiscalía Superior de Galicia con el Servizo de Gardacostas, «a ferramenta máis efectiva para perseguir a pesca ilegal», dijo.

Recordó que el Gobierno gallego ha puesto en marcha un plan integral para preservar los ecosistemas, evitar el fraude y garantizar la salubridad de los productos pesqueros. Además, se ha reforzado la actividad inspectora, aumentando los recursos de Gardacostas de Galicia y trabajando para el endurecimiento do Código Penal.

Fuente:lavozdegalicia.es