El fallo obliga a reponer al profesional en su cargo y a indemnizarlo con 18.000 euros

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenaba a Sasemar, la sociedad pública de Salvamento y Seguridad Marítima, adscrita al Ministerio de Transportes, por vulnerar derechos constitucionales de un capitán coruñés de sus buques. Según informó el abogado del trabajador, el fallo obliga a reponer en su cargo al afectado, Eugenio Charry, e indemnizarlo con 18.000 euros por daños morales.

Charry era en el 2018 capitán del remolcador Punta Mayor y a finales de ese año lo nombraron capitán del Punta Salinas, otra embarcación del mismo tipo pero sobre la cual, como delegado de personal, había advertido de la presencia de amianto. Pero cuando se puso al mando de ese remolcador alertó de otras carencias en materia de seguridad, como que no existía un sistema de detención de incendios en el pañol de pinturas o el «incumplimiento del dispositivo de puesta a flote del bote de rescate» por el sistema de arriado.

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Después de solicitar a la empresa pública que corrigiese esas deficiencias y de denunciarlas ante la Inspección de Trabajo, Eugenio Charry fue destituido como capitán el 25 de noviembre del 2021 porque «la confianza se ha visto mermada» para continuar en ese puesto de libre designación, por lo cual volvería al Punta Mayor, pero de primer oficial. Si el Juzgado número 6 de A Coruña no apreció que su cese fuese una represalia, la Sala de lo Social del TSXG, en una sentencia dictada por José Manuel Mariño Cotelo, Juan Luis Martínez López y Fernando Lousada Arochena, condenó a Sasemar por haber «vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva» y le ordena reponerlo en su puesto e indemnizarlo con 18.000 euros.

Indemnización de 18.000 euros

Ahora, el Supremo ratifica esa condena y la indemnización porque comparte, como los magistrados del TSXG, que Salvamento no justifica ninguna «causa profesional a la que se haya vinculado la pérdida de confianza» y, por tanto, atribuye la destitución de Eugenio Charry al fin «de reaccionar frente al legítimo» derecho del capitán a alertar y a denunciar deficiencias en el Punta de Salinas que suponían un riesgo potencial para la salud y la seguridad de los tripulantes.

Ante la contundencia de ambos tribunales, el abogado del capitán coruñés, Rafael Goiría, señala que una sociedad como Sasemar, que salva cientos de vidas y se sostiene con impuestos públicos, «no merece tener al frente una persona que vulnera derechos constitucionales como ha confirmado el Tribunal Supremo», por lo que pide al ministro de Transportes que destituya al director de la sociedad, que fue el que destituyó a Eugenio Charry por acudir a la Inspección de Trabajo.