Efectivamente, hay asignaturas pendientes, entre otras, la falta de formación marítima de los medios de comunicación.

La asignatura pendiente tras el “Argos Georgia” (y tantos otros)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) es un catálogo anual de protocolos, normas y obligaciones, entre otras cosas, ya sea por iniciativa propia del poder legislativo español o por transposiciones de directivas comunitarias. Existen todos los tipos: Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y profesional, Protocolo de Alertas Espaciales, protocolos familiares o para el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. Todos necesarios, sin duda. Pero en ninguna legislatura democrática se le ocurrió a nadie el determinar cómo han de actuar las administraciones públicas y las armadoras privadas –los trabajos de los servicios de salvamento ya vienen concretados por el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento SAR, de 1979– en caso de un naufragio. Y pese al endémico olvido de los responsables públicos, el asunto no es en absoluto menor.

La misma mar que es esencia y columna vertebral de la historia de Galicia ha vuelto a mostrar por qué el de la pesca es, pese a su escaso reconocimiento y últimamente menos estima, uno de los oficios más peligrosos del mundo. El Argos Georgia, construido en 2018 por el afamado astillero turco Tersan, sucumbió en una tormenta a unas 200 millas al este de las Falkland (Malvinas). Será la investigación la que ha de determinar las causas del siniestro de este buque de la joint venture (empresa mixta) Argos Froyanes, propiedad de la malvina Argos y la noruega Ervik Havfiske. Esperemos que la respuesta al enigma del siniestro no se demore en el tiempo, como ha ocurrido en otros lamentables casos.

Sin embargo, lo que ya ha quedado probado es, una vez más, la renuente, por no decir nula, disposición de las autoridades a la hora de prestar información a los familiares de los tripulantes, cualquiera que sea su nacionalidad. En este caso, diez personas de la dotación eran españolas. No hubo una línea directa de contacto, una llamada de aliento. Esposas, hijos o hermanos de los marineros tuvieron que echar mano de las redes sociales y, en particular de los propios periodistas que trabajaban sobre el siniestro, para disponer de un hilo de información tras casi 24 horas de angustia.

No por habitual resulta menos sorprendente, incluso indignante. La misma falta de comunicación la sufrieron las familias del Dorneda, que fue a pique en 2018 frente al caladero de Argentina; o del Villa de Pitanxo, que dejó 21 víctimas (de 24 tripulantes) el 15 de febrero de 2022. La tentación de romantizar el grito desesperado de familiares vía redes sociales ha de ser desterrada por los medios de comunicación y resuelta de inmediato por las instituciones de un Estado que se dice moderno.

El hecho de que no se dispusiera de información desde primera hora por el naufragio del Argos Georgia no explica, más bien acrecienta la censura por la incapacidad –algunos familiares denunciaron desidia– del Gobierno hacia los seres queridos que aguardaban en casa por una vía de contacto. Un canal de comunicación como el que, con toda la razón, se suele activar en casos de desastres naturales o atentados fuera del territorio español. Aquí no ha habido, durante al menos veinte eternas horas, más que el silencio. Las instituciones públicas han de estar al servicio de toda la sociedad española. De todos los colectivos, hagan lo hagan y trabajen en donde trabajen El sector pesquero no puede seguir siendo el paria. Lo ha sido ya demasiadas veces.

FARO tuvo las primeras noticias del siniestro del palangrero a las 05:46 horas del martes. Para ese momento, el Gobierno de las Falkland había emitido ya una alerta pública y confirmaba los serios problemas del Argos Georgia, con 27 tripulantes a bordo, por una vía de agua masiva. La primera información reflejó estos mismos extremos: se desconocía el estado de los marineros y del buque. Sin interlocutor a quien dirigirse –así lo han manifestado todas las familias consultadas por este periódico–, ni de entidades públicas ni la armadora, empezaron a sucederse los contactos con periodistas e incluso marineros en trabajos de gran altura para saber algo, por poco que fuera, de los trabajos de rescate. Los allegados de los marineros, desesperados, casi rogando algún tipo de información. Grotesco.

Si las autoridades españolas esgrimen que ya existe algún tipo de protocolo y este se cumplió para con los seres queridos de los marineros, a la vista está de que no sirve absolutamente para nada. Hay que cambiarlo. Como se hace a menudo. Como se hizo, por ejemplo, con el protocolo contra los abusos sexuales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en vigor desde 2020 y que tuvo que ser íntegramente modificado tras haber aflorado doce denuncias en cuatro años y el presunto suicidio a bordo de una de sus trabajadoras, la canguesa Mari Carmen Fernández.

Hacemos votos para que no haya otro siniestro trágico como el hundimiento del Argos Georgia, pero sabemos que es un deseo imposible. El mar es fuente de riqueza y también de tragedia. De vida y de muerte. Así ha sido, y seguirá siéndolo. Pero lo que no debería volver a ocurrir es el impenetrable silencio de una Administración –esta pero también las que le precedieron en casos similares–, obsesionada con bombardearnos con propaganda al tiempo que se muestra muda cuando se trata de ofrecer información literalmente vital.

Fuente:farodevigo.es