El «San Esteban», el buque de acero más antiguo de España y un remolcador de principios del siglo 20, amaneció varado en el arenal.
El arenal de Praia América ha amanecido esta mañana con un barco centenario embarrado en su orilla. Se trata del histórico remolcador «San Esteban», un buque de 1902 restaurado por Industrias Ferri y que tiene el honor de ser el barco realizado en acero en activo más antiguo de España.
«Tras un fallo mecánico, el mar empujó al remolcador hasta la arena. La imagen fue realmente impactante, pero lo más importante es que todo quedó en un susto», informa ‘Ferri’ desde sus redes sociales. El mar de fondo y la marea hicieron el resto, y provocaron que este secular remolcador terminase encallado en la orilla de la playa de Nigrán.
Su patrón y propietario intentó sin éxito devolverlo al mar, pero fue imposible. Por ese motivo se solicitó la colaboración de los efectivos de Gardacostas de Galicia, que se desplazaron hasta Nigrán con varios agentes y una patrullera. Finalmente, para preservar la integridad del barco, optaron por esperar a que subiese nuevamente la marea para desembarrar al «San Esteban».
El jefe de servicio de Búsqueda, Salvamento Marítimo y Lucha contra la contaminación marina de Gardacostas de Galicia, Amador Castro, se desplazó personalmente a pie de playa para dirigir toda la operación. Maniobras que llevaron a cabo, primero una zodiac de este servicio dependiente de la Consellería de Mar, apta para acercarse a la orilla y lograr desembarrar el buque. Una vez que lo arrastró unos metros mar adentro, la patrullera viguesa de Gardacostas Punta da Guía lo remolcó hasta el puerto de Baiona.
Atractivo accidental de turistas y bañistas
Todas las maniobras para intentar sacar a la embarcación de la playa han generado una importante expectación entre vecinos, visitantes y bañistas, que desde el paseo o desde el propio arenal se arremolinaron para seguir los progresos del operativo.
El histórico remolcador que ‘zarpó’ sin timón y encalló en la orilla de Praia América, rescatado por Gardacostas.
El «San Esteban» suele estar fondeado en los últimos veranos frente a Praia América. Esta semana había amarrado después de su último viaje desde Ferrol. El remolcador venía de visitar las instalaciones de la Armada en Ferrol.
Construido en 1902 en los astilleros Philip & Son de Dartmouth, el San Esteban —nacido como «Venture»— es el barco de acero en activo más antiguo de España. Llegó a Asturias en 1907 y en los años 20 comenzó a operar como remolcador en San Esteban de Pravia, donde se convirtió en un símbolo del auge industrial ligado al carbón y recibió el apodo de El Vaporín.
Estuvo en activo hasta finales de los 60. Su motor de vapor fue reemplazado por uno diésel y pasó por distintas manos hasta que en 1998 una sociedad de entusiastas lo salvó del desguace. Fue restaurado y en 2003 volvió al agua en San Esteban, navegando puntualmente en actos como la Volvo Ocean Race o procesiones marineras. Sin embargo, los altos costes de amarre lo llevaron a Avilés y Gijón, donde quedó varado hasta 2021, fecha en la que fue adquirido por Industrias Ferri, que lo trasladó por carretera a Vigo y lo restauró en Bouzas.
«El Vaporín San Esteban está a salvo: gracias por la calma, los ánimos y la solidaridad»
Querida comunidad,
Esta mañana nuestro querido Vaporín San Esteban protagonizó un susto tremendo en la emblemática Playa América, en Nigrán: tras un fallo mecánico, el mar empujó al remolcador hasta la arena al amanecer. La imagen fue realmente impactante, pero lo más importante es que todo quedó en un susto. Gracias a la inmediata y coordinada actuación de Guardacostas de Galicia, junto con voluntarios, el barco fue reflotado sin lesiones humanas, sin impactos medioambientales y sin daños para el propio buque. Ahora mismo podemos contarlo con un suspiro de alivio: el San Esteban navega tranquilo y ya descansa seguro en los muelles de Baiona, donde lo han recibido con los brazos abiertos.
Este episodio refuerza algo fundamental: la fuerza de la comunidad, la profesionalidad de los equipos de rescate y el cariño que todos tenemos por este símbolo de nuestro patrimonio marítimo. Desde Industrias FERRI, entregados apasionadamente al rescate y restauración del San Esteban, queremos agradecer al servicio público, a los vecinos y a las personas anónimas que acudieron a ayudar. Gracias por vuestra responsabilidad, por vuestra calma y por ese espíritu de colaboración que hace posible que hoy estemos compartiendo buenas noticias. Seguimos comprometidos con mantener al Vaporín como un orgullo gallego, con historia, con corazón y con futuro. Un abrazo fuerte y ¡gracias por estar ahí!
El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios
La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia
El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios
La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia
Un vecino de Pareisás (Ourense) lucha contra en fuego en el incendio – EFE/Brais Lorenzo
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La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas.
Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas.
El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios
La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia
La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas.
Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas.
El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública.
Competencias de prevención y planificación de riesgos
La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado.
El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios
La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia
La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas.
Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas.
El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública.
Competencias de prevención y planificación de riesgos
La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado.
El abogado del Estado destacó también ante el alto tribunal que las funciones de coordinación corresponden al Gobierno central para «asegurar la adecuada protección de las personas y de los bienes». Aunque señaló que las tareas en una situación de emergencia deben ser desarrolladas por la Administración regional, «es el Estado el que tiene que coordinar los esfuerzos y recursos del conjunto de las Administraciones Públicas empleados en la emergencia de que se trate.
Los argumentos presentados por el Ejecutivo ante el Supremo difieren, en parte, con el discurso marcado por Moncloa en las últimas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado su responsabilidad de manera subsidiaria, alentando la idea de que deben ser las comunidades las que soliciten ayuda. «Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España», afirmó la vicepresidenta María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Rota el pasado lunes.
Moncloa echa balores fuera
El Gobierno ha pasado de reivindicar ante el Supremo una competencia prioritaria del Estado en materia de protección civil a depositar gran parte de las responsabilidades sobre las diferentes autonomías.
En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal falló a favor del Estado respaldando una concepción más amplia de las competencias estatales en protección civil. El alto tribunal sentenció que las competencias del Gobierno central no se limitan a las emergencias declaradas, sino que sobre él recae parte del trabajo de prevención y planificación de riesgos. En conclusión, se le confiere al Estado un papel principal de planificación, incluso si la emergencia no ha alcanzado el estatus de «interés nacional».
El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios
La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia
La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas.
Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas.
El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública.
Competencias de prevención y planificación de riesgos
La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado.
El abogado del Estado destacó también ante el alto tribunal que las funciones de coordinación corresponden al Gobierno central para «asegurar la adecuada protección de las personas y de los bienes». Aunque señaló que las tareas en una situación de emergencia deben ser desarrolladas por la Administración regional, «es el Estado el que tiene que coordinar los esfuerzos y recursos del conjunto de las Administraciones Públicas empleados en la emergencia de que se trate.
Los argumentos presentados por el Ejecutivo ante el Supremo difieren, en parte, con el discurso marcado por Moncloa en las últimas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado su responsabilidad de manera subsidiaria, alentando la idea de que deben ser las comunidades las que soliciten ayuda. «Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España», afirmó la vicepresidenta María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Rota el pasado lunes.
Moncloa echa balores fuera
El Gobierno ha pasado de reivindicar ante el Supremo una competencia prioritaria del Estado en materia de protección civil a depositar gran parte de las responsabilidades sobre las diferentes autonomías.
En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal falló a favor del Estado respaldando una concepción más amplia de las competencias estatales en protección civil. El alto tribunal sentenció que las competencias del Gobierno central no se limitan a las emergencias declaradas, sino que sobre él recae parte del trabajo de prevención y planificación de riesgos. En conclusión, se le confiere al Estado un papel principal de planificación, incluso si la emergencia no ha alcanzado el estatus de «interés nacional».
Asimismo, la Sala subrayó que la protección civil «no admite división en compartimentos estancos» y que la naturaleza de la materia hace necesario la integración en un sistema único de coordinación a nivel estatal. De forma que, aunque las Comunidades Autónomas mantengan sus competencias, estas deben operar bajo la coordinación del Estado.
Por contra, el Ejecutivo central sigue insistiendo en que ha puesto a disposición todos sus medios de apoyo y no asumirá la gestión de los incendios si no los solicitan los Gobiernos autonómicos. La propuesta de Pedro Sánchez pasa por firmar un Pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática.
Por su parte, Alberto Núñez Feijoó ha presentado este lunes su propio plan de acción, compuesto por un total de cincuenta medidas para la prevención y extinción de incendios forestales. Entre otras medidas, Génova propone la creación de ayudas para cubrir al 1005 los gastos más urgentes de los municipios, así como crear líneas de financiación, avales sin intereses y que los afectados no paguen impuestos ni intereses por las ayudas, subvenciones indemnizaciones o préstamos públicos para proteger la economía de las zonas afectadas.
«Planes de formación pertinentes que procuren respuestas rápidas, coordinadas y eficientes.»
Hay constancia de la «formación pertinente» de las autoridades competentes ?
La respuesta inmediata a las emergencias es el punto crítico de todo sistema de protección civil, que, por otro lado, evidencia en ocasiones deficiencias de actuaciones previas.
La amplitud y diversidad de medios con que se ha dotado el sistema nacional en los últimos años, como se ha apuntado anteriormente, necesita coordinación.
Por eso la ley precisa las actividades a desarrollar y los servicios de intervención y asistencia con el fin de que puedan estructurarse racionalmente protocolos de actuación y planes de formación pertinentes que procuren respuestas rápidas, coordinadas y eficientes.
Los incendios de Galicia eran/son de interés nacional ?
Existe un modelo nacional mínimo que hace posible una dirección eficaz por el Gobierno de las emergencias de interés nacional y una coordinación general del sistema que integre todos los esfuerzos.
Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de la seguridad pública, integrado en la política de Seguridad Nacional. Sistema que facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común.
En este sentido, la nueva norma atiende las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, al incorporar medidas específicas de evaluación e inspección del Sistema Nacional de Protección Civil, de colaboración interadministrativa en el seno de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil y de integración de datos de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
Posibilitará al mismo tiempo el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, todo ello con el fin último de afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.
Mediante las previsiones y deberes que la ley establece al respecto y en virtud de las funciones de coordinación política y administrativa que atribuye al Consejo Nacional de Protección Civil, entre otras, se viene a concretar en la práctica un modelo nacional mínimo que hará posible una dirección eficaz por el Gobierno de las emergencias de interés nacional y una coordinación general del sistema que integre todos los esfuerzos
Todo está muy claro, otra cosa será, que alguien sepa explicarlo.
«A la vez, la ley impone al Estado la obligación de poner a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales los recursos humanos y materiales de que disponga para la protección civil, en la forma que se acuerde en el Consejo Nacional de Protección Civil.»
La intervención operativa del Estado se centra sobre todo, conforme a la doctrina constitucional, en los casos de emergencia de interés nacional.
Además se ha procurado reforzar en estos casos las facultades directivas y de coordinación del Ministro del Interior, y el deber de colaboración de todas las Administraciones que cuenten con recursos movilizables.
A la vez, la ley impone al Estado la obligación de poner a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales los recursos humanos y materiales de que disponga para la protección civil, en la forma que se acuerde en el Consejo Nacional de Protección Civil.
Además de este criterio de reciprocidad, es evidente que el Estado no puede desentenderse de ninguna situación de riesgo que afecte a una parte de la población, aunque sean otras las Administraciones competentes para afrontarla.
De ello se desprende que los recursos que el Estado destina a estos fines son susceptibles también de utilización por las demás Administraciones, en tanto sea posible y conveniente para garantizar a todos los ciudadanos el más elevado nivel de protección.
Crucero con 8.500 personas queda a la deriva cerca de la isla de Ponza
El MSC World Europe sufrió una avería eléctrica y será remolcado a Nápoles; no hay heridos ni situación de riesgo.
(Foto de ARCHIVO)
MSC World Europa.
REMITIDA / HANDOUT por MSC CRUCEROS
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
21/7/2023
El crucero MSC World Europe, con 6.496 pasajeros y 2.089 tripulantes a bordo, quedó paralizado este lunes por una avería eléctrica frente a la isla italiana de Ponza, en el mar Tirreno. La embarcación de la naviera MSC Cruceros navegaba entre Génova y Nápoles cuando, alrededor de las 7:25 horas, reportó un fallo que le impidió continuar su travesía.
Según informó la Guardia Costera italiana, el crucero se encontraba a unas 8 millas náuticas al suroeste de Ponza al momento del incidente. Las autoridades subrayaron que “la situación a bordo es tranquila y está bajo control”, y aclararon que los generadores de emergencia siguen funcionando, garantizando los servicios esenciales para los pasajeros.
No se han reportado heridos ni evacuaciones. En tanto, dos remolcadores se han desplazado al lugar para asistir en el traslado del buque hacia el puerto de Nápoles, donde será inspeccionado. Técnicos de la compañía trabajan para identificar el origen de la falla.
Un incidente sin riesgo inmediato, pero con impacto en la industria
Aunque no se trata de una emergencia grave, el episodio pone nuevamente en foco la vulnerabilidad operativa de los cruceros de gran escala, cuya logística de asistencia puede verse rápidamente tensionada en caso de fallas técnicas.
El MSC World Europe es uno de los buques insignia de la compañía, con capacidad para más de 6.700 pasajeros y más de 2.000 tripulantes. El incidente podría generar retrasos en futuras rutas programadas y afecta, indirectamente, a la industria turística del Mediterráneo en plena temporada alta.
En su visita a Oia, uno de los concellos afectados por las llamas, el presidente de la Xunta aseguró que se publicarán de manera «inmediata» para que los beneficiarios puedan acceder a ellas «cuanto antes»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda visita espacios afectados por el incendio que se produjo en la localidad de Oia junto a la alcaldesa de Oia, Cristina Correa, y al presidente de la Diputación Luis López.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que este viernes el Gobierno gallego aprobará, en una reunión extraordinaria, las ayudas para los afectados por los incendios y se publicarán de manera «inmediata» para que los beneficiarios puedan acceder a ellas «cuanto antes».
En una visita al camping de Mougás, en Oia (Pontevedra), que tuvo que ser desalojado hace unos días por el incendio que afectó a esta localidad, también ha dicho que hay que empezar a trabajar para evitar las escorrentías de cenizas cuando lleguen las lluvias y que estas puedan llegar a comprometer el abastecimiento de agua o provocar desbordamientos.
Una tarea que cree que es «de todos», en referencia a las distintas administraciones, por lo que ha pedido la colaboración tanto de las diputaciones provinciales como del Gobierno central, también para las ayudas y las medidas de prevención que haya que adoptar en el futuro.
Reproches al BNG y al PSdeG
Rueda ha reprochado la actitud de la oposición gallega, BNG y PSdeG, por sus críticas a la gestión de la Xunta, que asegura que se basan en «datos falseados y en jugar a la demagogia». «Si quieren ser constructivos con aportaciones, bienvenidos, sino serán la oposición de siempre, poco más que decir», ha zanjado a este respecto.
El partido nacionalista de Galicia ha denunciado que la Xunta tiene contratos de prevención de incendios sin ejecutar. Según aseguran, serían más de dos millones de euros en trabajos de gestión de biomasa en zonas de alto riesgo. Además, el BNG impulsará una comisión de investigación para depurar responsabilidades por los incendios.
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha visitado la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, azotada por la ola de incendios, ha denunciado el «abandono del rural tras 17 años de Gobierno del PP». Besteiro ha visitado la parroquia en la que se han quemado más de 120 construcciones. «Lo que vivimos aquí no es fruto del azar.
Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra. La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, quedamos indefensos frente al fuego», ha lamentado.
Los medios «no han llegado»
En su visita a Oia, el presidente de la Xunta también ha afirmado que, aunque él siempre ha «huido de las polémicas» con el Gobierno central, ha insistido en que se han pedido medios que «no han llegado» o «han tardado en llegar». En este sentido, se ha referido específicamente al Ejército, aunque ha reconocido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) «estuvo desde el primer momento» y la ministra de Defensa, Margarita Robles, le llamó ya «el primer día», algo que ha agradecido.
