La compañía de Ribeira asegura que no tiene ninguna relación con Insuabela, sancionada por prácticas ilegales por el Gobierno

La compañía Vidal Armadores ha desmentido cualquier vínculo con la sociedad mercantil Insuabela, que acaba de recibir una sentencia en contra del Tribunal Supremo por las actividades de pesca ilegal del buque Viking, bombardeado por las autoridades de Indonesia. A través de un escrito remitido a FARO, que en su edición del 26 de septiembre sí le achacó erróneamente en una información la propiedad del palangrero, la empresa de Ribeira ha incidido en que no existe relación mercantil o familiar con Insuabela y que, por tanto, la sentencia del Alto Tribunal no le afecta en ningún caso.

Fue en marzo de 2017 cuando Pesca sancionó a Insuabela “por la comisión de una infracción continuada muy grave”, en relación con el pesquero Viking, “así como la imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas por un periodo de siete años, y la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras por un periodo de seis años”. En este caso, la “propiedad, gestión y explotación de 4 buques incluidos en la lista de buques implicados” en pesca ilegal –como consta en la sentencia del Supremo–, utilizando empresas de Panamá o Hong Kong “que les servían de pantalla para evitar que se les vinculara con los hechos” no guarda relación, en definitiva, con la familia Vidal o sus empresas.

“El recurso de casación fue interpuesto por personas completamente ajenas a la familia Vidal (y a Vidal Armadores), vinculadas a la propiedad del buque aunque, eso sí, se trata de personas originarias de Ribeira”, ha abundado por escrito a este periódico una representante de la empresa.

En su recurso, Insuabela censuró que “la multa de 600.000 euros es de enorme trascendencia para las cuentas de cualquier mercantil y que la inhabilitación durante seis años supone privarle de la posibilidad de continuar con su actividad, agravándose la situación por el hecho de impedirle durante siete años obtener préstamos o ayudas públicas”, aunque no ofreció datos sobre su contabilidad, como planteó el abogado del Estado.

Fuente:farodevigo.es