Las flotas andaluzas se movilizan como protesta por la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero y avisan de que prorrogarán sus movilizaciones hasta que haya acuerdo

Marineros desembarcan pescado en la lonja de la localidad onubense de Isla Cristina.

Los mercados y las lonjas se quedarán si pescado fresco a partir de este lunes. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar de Punta Umbría (Huelva) y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández Belmonte, ha detallado este viernes que el sector pesquero andaluz se suma el próximo lunes a la huelga general a nivel nacional como protesta por la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero (UE 2023/2842), así como ha indicado que en caso de no alcanzarse acuerdos «satisfactorios», el sector no descarta «prolongar» las movilizaciones.

Según ha indicado Fernández Belmonte, la huelga del próximo 19 de enero implicará que «todos los barcos» permanezcan amarrados a puerto, al considerar el sector que las nuevas exigencias normativas «ponen en grave riesgo la viabilidad de la flota de bajura y costera, la seguridad marítima y la pesca fresca de proximidad». «Con esta normativa salimos a la mar a buscar multas, no pescado», ha afirmado.

Asimismo, ha informado de que el lunes 19 se celebrarán concentraciones simultáneas en todos los puertos pesqueros de España a las 16,00 horas, coincidiendo con la reunión técnica que mantendrá la Secretaría General de Pesca en Madrid con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), a la que se le ha solicitado una propuesta resolutoria.

Bruselas exige que los pescadores pesen y notifiquen todas las especies capturadas durante la jornada laboral antes de llegar a puerto a través del llamado diario electrónico de a bordo (DEA). De no ser así, los armadores se exponen a sanciones importantes. Algunas incluso obligarían a la embarcación a devolver todas las subvenciones recibidas en los últimos años. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha denunciado públicamente la aplicación actual del Reglamento (UE 2023/2842), criticando especialmente la «obligación de notificar» la llegada a puerto «con cuatro horas de antelación» para embarcaciones con mareas cortas, así como «la exigencia de registrar capturas desde el denominado ‘kilogramo cero'».

Según la federación nacional, estas medidas son «inaplicables, peligrosas y desconectadas de la realidad del trabajo en el mar», y «pueden provocar parálisis de la actividad, pérdidas económicas, inseguridad jurídica y un aumento del riesgo para las tripulaciones».

Acusan además al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de «trasladar al pescador las consecuencias de una mala interpretación normativa y de invadir el criterio profesional de los capitanes».

Finalmente, la FNCP ha reiterado que el sector «no se opone al control», pero «rechaza ser perjudicado por una mala aplicación de la norma», y reclama una actuación «urgente» del Ministerio para «defender las flexibilidades que contempla el propio Derecho de la Unión Europea». La federación participará en la reunión técnica prevista para el lunes, 19 de enero, con la Secretaría General de Pesca.

Ya el pasado lunes parte de la flota pesquera andaluza paralizó su actividad a raíz de los cambios con la nueva reglamentación de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el pasado 10 de enero, según indicaron desde la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), que apuntó el martes que la flota fue retomado su actividad progresivamente.

Nuevo régimen de infracciones y sanciones

El 21 de octubre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de adaptar la normativa española a las últimas modificaciones europeas y «reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».

Según indicó el Gobierno, entre las medidas destacan la aprobación de un Plan Nacional de Control e Inspección y la promoción de la cooperación con otras administraciones y con el propio sector, al objeto de asegurar una gestión coordinada y eficaz.

Así, se incorporan medidas de control, con el Centro de Seguimiento de Pesca como «herramienta fundamental», y se refuerzan las acciones «contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» para «reforzar la protección de los ecosistemas marinos y el mercado legal de los productos pesqueros».

Por otro lado, la norma introduce un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones «claras y flexibles» y una graduación según la gravedad de las conductas. Así, se crea una nueva categoría de infracciones leves, al objeto de «guardar proporcionalidad» con el acceso a las ayudas, dado que su percepción está vinculada a la ausencia de determinados antecedentes sancionadores.

De esta forma, el Gobierno indicó que la ley trata de «garantizar un régimen más transparente, justo y adaptado a cada infracción, en línea con los estándares europeos». La norma también prevé la responsabilidad, en determinados casos, de armadores, patrones y titulares de licencias, y busca promover una cultura de prevención y cumplimiento en toda la actividad pesquera, tanto profesional como recreativa.

Respaldo de los ayuntamientos

Por su parte,el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha mostrado el «apoyo institucional firme» del Ayuntamiento al sector pesquero, anunciando que el Consistorio se sumará a la concentración convocada en el puerto pesquero de Punta Umbría a las 16,00 horas. Trasladará esta convocatoria a la Diputación Provincial de Huelva y a otros ayuntamientos costeros con puerto, «para que se sumen a estas acciones reivindicativas y muestren su respaldo al sector». En opinión del primer edil, el nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero supone «un planteamiento sinsentido, que ignora por completo el impacto social y económico que tendría su aplicación». En el caso de Punta Umbría, ha recordado que el sector pesquero genera más de 500 puestos de trabajo, directos e indirectos, y constituye «un pilar fundamental de la economía local y una seña de identidad del municipio».

Fuente:elcorreoweb.es