Preveía invertir hasta 5,5 millones en 218 misiones de control durante 23 meses

Desde tierra y desde embarcaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se proponía vigilar con aeronaves no tripuladas a los pesqueros que faenan en aguas nacionales. Impuestos incluidos, estaba dispuesto a pagar hasta 5,5 millones de euros por unas 238 misiones de control en 23 meses. Se presentaron dos empresas, cuyas propuestas fueron evaluadas y el ministerio llegó a decantarse por la más económica, pero finalmente ha aparcado el proyecto «por haber sido excluidas todas las ofertas presentadas en la licitación».

Este servicio de misiones de reconocimiento y vigilancia ratificaba la apuesta del ministerio por el control de la pesca con drones. Desde tierra, con un radio de acción de 44 kilómetros, el equipo enviaría vídeos al instante al centro español de seguimiento de la flota. Cuando lo programasen las autoridades, embarcaría en las patrulleras Arnomendi, Tarifa o Alborán para vigilar a la flota en las 200 millas de la zona económica exclusiva española.

Tanto en tierra como en los buques, un coordinador, un piloto y un técnico mecánico desplegarían y manejarían la aeronave no tripulada desde una unidad móvil dotada con enlace de telecomunicaciones. Pesca requería que el dron tuviese una autonomía mínima de ocho horas y capacidad para estar operativo con vientos de hasta 20 nudos (unos 37 kilómetros por hora).

La intención era que comenzase a funcionar en el 2026, hasta noviembre del 2027. Cabía la posibilidad de prorrogar el contrato otros 24 meses, con lo cual la inversión ascendería a 9,1 millones de euros.

No ha trascendido si Pesca retomará el proyecto y volverá a licitarlo o si lo aparcará definitivamente.