Galicia continúa estrechando la colaboración con la Dirección General de la Marina Mercante para reforzar la coordinación entre la administración autonómica y la estatal en áreas clave como la respuesta a emergencias marítimas y la prevención de la contaminación marina.

En este contexto, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo un nuevo encuentro institucional con Ana Núñez, directora general de la Marina Mercante, con el objetivo de avanzar en las demandas trasladadas por Galicia durante la reunión del pasado mes de septiembre.

Uno de los principales logros anunciados es la constitución de un grupo de trabajo encargado de elaborar un protocolo de coordinación entre el servicio de Guardacostas de Galicia y Salvamento Marítimo (Sasemar), con el fin de prestar un servicio más eficaz a la sociedad y, especialmente, al sector marítimo pesquero. Asimismo, se está trabajando en un nuevo convenio de cooperación mutua que permitirá una respuesta más ágil ante incidentes que requieran la movilización de medios marítimos, aéreos y terrestres de ambas administraciones.

Además, la conselleira destacó que se estudia la fórmula adecuada para que las unidades dependientes de los departamentos territoriales de la Consellería puedan consultar la documentación necesaria en la tramitación de procedimientos administrativos. Entre estos documentos se encuentran el rol de las embarcaciones, la hoja de asiento electrónica o el certificado de conformidad, lo que facilitaría la automatización y eficacia de los procesos.

En esta línea, Galicia ha solicitado acceso a las bases de datos de la Marina Mercante, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a otras aplicaciones informáticas de interés técnico, lo que permitirá una interconexión más eficiente con otros centros de emergencias públicos.

Otro asunto pendiente es la inclusión de la flota del departamento, integrada por funcionarios reconocidos como agentes de la autoridad, en un régimen especial similar al de Aduanas o el servicio marítimo de la Guardia Civil. Esta medida permitiría que la flota quedase exenta de trámites relativos al despacho de buques, así como de otras normativas vinculadas a titulaciones y certificados de formación y especialidad marítima profesional.