Pedro Samuel Maza, armador del pesquero, ejerce su derecho a la última palabra para defender que tiene «la conciencia muy tranquila»

Las defensas insisten en que las escuchas y grabaciones deben ser declaradas nulas por que carecían de motivación suficiente

La ausencia del hachís, principal argumento en la recta final del juicio por el hundimiento del Rúa Mar

Pedro Samuel Maza ejerce su derecho a la última palabra.

«No soy un asesino«. La frase la ha pronunciado este viernes Pedro Samuel Maza, armador del Rúa Mar, pocos segundos antes de que Nieves Marina, la presidenta del tribunal que le juzga por el hundimiento del pesquero el 23 de enero de 2020, declarara el juicio visto para sentencia después de 11 sesiones en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial. «A día de hoy no sé qué pasó, no sé cómo actuaron ni sé qué ocurrió, pero sí sé que tengo la conciencia muy tranquila», ha declarado el principal acusado al hacer uso de su derecho a la última palabra que rehusaron las otras cuatro personas que se sentaban junto a él en el banquillo.

El juicio del Rúa Mar investiga las causas del hundimiento del pesquero algecireño, desaparecido el 23 de enero de 2020 en aguas del Estrecho de Gibraltar, a unas 28 millas del cabo Espartel, cerca de las costas de Tánger (Marruecos), lo que provocó la muerte de sus seis tripulantes. El proceso busca esclarecer si la tragedia fue un accidente a causa de la avería del cable del embrague en una madrugada de fuerte temporal o si ocurrió porque la embarcación no soportó el sobrepeso de una carga de hachís, como afirma la Fiscalía Antidroga apoyada en las investigaciones de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

Intervención final de uno de los abogados.

Para el armador, el ministerio público pide 114 años de cárcel por múltiples delitos: seis homicidios, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, estafa en grado de tentativa, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Además, solicita multas millonarias: 3,9 millones de euros por los delitos relacionados con el narcotráfico y 4 millones por blanqueo de capitales. El caso refleja la compleja trama de supuestas irregularidades en la actividad del barco y busca establecer responsabilidades penales por la tragedia que conmocionó a la ciudad hace cinco años. Según los abogados de la defensa, estas corresponden al patrón, Antonio Javier Maza, uno de los seis fallecidos aquella noche. «Es una crueldad decir que yo quiero echarle la culpa a un muerto. No olviden que era mi tío, el hermano de mi padre, mi compañero de batallas y al que considero mi segundo padre», ha explicado el armador. «Se me culpan de seis muertes siendo inocente», ha añadido.

Pedro Samuel Maza ha utilizado su turno final para explicar que el Rúa Mar tenía todas las medidas de seguridad posibles y que no era un barco viejo porque tenía sólo 20 años -que es aproximadamente cuando empieza a ser rentable- y los hay que están «faenando con 50 años». También se ha defendido de las acusaciones de que era un mal pagador. «Siempre me he ofrecido a ayudar a los trabajadores en todo lo que he podido», ha dicho.

Los tres abogados de la defensa que han intervenido en la última sesión han pedido la absolución de sus clientes apoyándose en la falta de pruebas. Su vínculo con el principal acusado era laboral o sentimental, como en el caso de pareja. Además, han defendido la nulidad de las escuchas telefónicas y las grabaciones realizadas en un coche que utilizaba el armador porque entienden que carecían de motivación suficiente. «La jurisprudencia dice que no se puede grabar todo, sólo a las personas investigadas», ha subrayado el letrado Manuel Morenete. «El coche no era una oficina, se escucha a niños hablando y hay una conversación con un médico», ha relatado. «¿Cuántas veces más se va a vulnerar el derecho a la intimidad de esta familia?», se ha preguntado otro de los abogados.

La abogada de la pareja de Pedro Samuel Maza, Llanos Méndez, ha defendido que no existe una «información contrastada y veraz» que señale a su clienta como culpable de ninguno de los delitos que se le imputan. Además, entiende que se vulneró su derecho a la defensa cuando no se le informó de que estaba acusada de homicidio en la lectura de derechos al ser detenida. La pareja del armador tenía siete móviles a su nombre porque eran de familiares directos y en las escuchas, ha afirmado, se comprueba que no tuvo en ningún momento sensación de que el Rúa Mar corría peligro. Ella, sostiene, no tiene un gran patrimonio, sólo un coche y una hipoteca después de 20 años trabajando como limpiadora y cuidando niños. La investigación de la UDYCO no especifica de qué actividad delictiva procede el supuesto dinero blanqueado, ha especificado. «No es el perfil de una persona que haga ilícitos penales» y «tiene un trabajo acreditado», manifestó la abogada que asegura que está demostrado en las pruebas que no tuvo una «colaboración activa» con su pareja en actividad alguna, como exige el Tribunal Supremo para las condenas a parejas de acusados. «¿Qué iba con el coche a dejar a su marido y se iba al Mercadona? Como cualquier persona».

Fuente:europasur.es