Moncloa se ha lavado las manos.

El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios

La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia

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El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios

La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia

Un vecino de Pareisás (Ourense) lucha contra en fuego en el incendio -  EFE/Brais Lorenzo
Un vecino de Pareisás (Ourense) lucha contra en fuego en el incendio – EFE/Brais Lorenzo

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La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas

Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas.

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Publicado: 26/08/2025 ·

04:45

Actualizado: 26/08/2025 · 04:45

La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas

Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas. 

El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública

Competencias de prevención y planificación de riesgos

La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado. 

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El Gobierno pasa de reivindicar ante el Supremo sus competencias en protección civil a minimizarlas con los incendios

La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia

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Actualizado: 26/08/2025 · 04:45

La ola de incendios que comenzó el pasado 8 de agosto en Galicia continúa con 14 fuegos activos en distintos puntos de la Península. Una situación grave que ya ha arrasado 19.000 hectáreas y mantiene en jaque a cientos de personas después de dos semanas de lucha activa contra las llamas. En un escenario paralelo, el Gobierno y el Partido Popular han entrado en una batalla dialéctica donde el balón vuela de un tejado a otro mientras más de 30.000 personas han sido desalojadas de sus casas

Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas. 

El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública

Competencias de prevención y planificación de riesgos

La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado. 

El abogado del Estado destacó también ante el alto tribunal que las funciones de coordinación corresponden al Gobierno central para «asegurar la adecuada protección de las personas y de los bienes». Aunque señaló que las tareas en una situación de emergencia deben ser desarrolladas por la Administración regional, «es el Estado el que tiene que coordinar los esfuerzos y recursos del conjunto de las Administraciones Públicas empleados en la emergencia de que se trate.

Los argumentos presentados por el Ejecutivo ante el Supremo difieren, en parte, con el discurso marcado por Moncloa en las últimas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado su responsabilidad de manera subsidiaria, alentando la idea de que deben ser las comunidades las que soliciten ayuda. «Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España», afirmó la vicepresidenta María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Rota el pasado lunes.

Moncloa echa balores fuera

El Gobierno ha pasado de reivindicar ante el Supremo una competencia prioritaria del Estado en materia de protección civil a depositar gran parte de las responsabilidades sobre las diferentes autonomías. 

En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal falló a favor del Estado respaldando una concepción más amplia de las competencias estatales en protección civil. El alto tribunal sentenció que las competencias del Gobierno central no se limitan a las emergencias declaradas, sino que sobre él recae parte del trabajo de prevención y planificación de riesgos. En conclusión, se le confiere al Estado un papel principal de planificación, incluso si la emergencia no ha alcanzado el estatus de «interés nacional». 

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La Abogacía defendió en 2022 ante el Supremo que el Estado tiene competencias en protección civil en todo momento, incluso fuera de situaciones de emergencia

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Desde el inicio de este desastre forestal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la prevención y planificación de incendios están atribuidas a las Comunidades Autónomas, quienes deben poner en marcha sus planes territoriales de protección civil. Así lo han manifestado varios miembros del Ejecutivo como Grande-Marlaska, quien el pasado jueves sostuvo durante una entrevista en Telecinco que todo lo relativo a protección civil y emergencias «está residenciado» en las Comunidades Autónomas. 

El discurso expuesto en las últimas semanas por Moncloa choca de frente con lo defendido por la Abogacía del Estado en el año 2022 ante un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron entonces que las competencias estatales en protección civil existen en todo momento, incluyendo la previsión, prevención y planificación de riesgos, dada su competencia en seguridad pública

Competencias de prevención y planificación de riesgos

La Abogacía catalogó de «errónea» la concepción de la Generalitat de que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección es un instrumento de pura intervención, y alegó que este se trata de un mecanismo de planificación que más allá de la intervención operativa en emergencias ya declaradas. «La planificación va mucho más allá de resolución y atención de las emergencias que se producen y que comprende previsiones de medios y sistemas que permitan dar una respuesta eficaz», concluyó la Asesoría jurídica del Estado. 

El abogado del Estado destacó también ante el alto tribunal que las funciones de coordinación corresponden al Gobierno central para «asegurar la adecuada protección de las personas y de los bienes». Aunque señaló que las tareas en una situación de emergencia deben ser desarrolladas por la Administración regional, «es el Estado el que tiene que coordinar los esfuerzos y recursos del conjunto de las Administraciones Públicas empleados en la emergencia de que se trate.

Los argumentos presentados por el Ejecutivo ante el Supremo difieren, en parte, con el discurso marcado por Moncloa en las últimas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado su responsabilidad de manera subsidiaria, alentando la idea de que deben ser las comunidades las que soliciten ayuda. «Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España», afirmó la vicepresidenta María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Rota el pasado lunes. 

Moncloa echa balores fuera

El Gobierno ha pasado de reivindicar ante el Supremo una competencia prioritaria del Estado en materia de protección civil a depositar gran parte de las responsabilidades sobre las diferentes autonomías. 

En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal falló a favor del Estado respaldando una concepción más amplia de las competencias estatales en protección civil. El alto tribunal sentenció que las competencias del Gobierno central no se limitan a las emergencias declaradas, sino que sobre él recae parte del trabajo de prevención y planificación de riesgos. En conclusión, se le confiere al Estado un papel principal de planificación, incluso si la emergencia no ha alcanzado el estatus de «interés nacional». 

Asimismo, la Sala subrayó que la protección civil «no admite división en compartimentos estancos» y que la naturaleza de la materia hace necesario la integración en un sistema único de coordinación a nivel estatal. De forma que, aunque las Comunidades Autónomas mantengan sus competencias, estas deben operar bajo la coordinación del Estado. 

Por contra, el Ejecutivo central sigue insistiendo en que ha puesto a disposición todos sus medios de apoyo y no asumirá la gestión de los incendios si no los solicitan los Gobiernos autonómicos. La propuesta de Pedro Sánchez pasa por firmar un Pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática.

Por su parte, Alberto Núñez Feijoó ha presentado este lunes su propio plan de acción, compuesto por un total de cincuenta medidas para la prevención y extinción de incendios forestales. Entre otras medidas, Génova propone la creación de ayudas para cubrir al 1005 los gastos más urgentes de los municipios, así como crear líneas de financiación, avales sin intereses y que los afectados no paguen impuestos ni intereses por las ayudas, subvenciones indemnizaciones o préstamos públicos para proteger la economía de las zonas afectadas.

Fuente:vozpopuli.com