Se cumplen 20 años de la declaración de Zona Marina Especialmente Sensible para las Islas, que establece un protocolo para la navegación de barcos con hidrocarburos.

La aparición, en el año 2001, de bolas de piche en varias playas de Lanzarote fue el detonante que movilizó al Gobierno de Canarias para denunciar y, sobre todo, explorar mecanismos a escala internacional para poner freno a la contaminación en sus costas. Milagros Luis Brito, entonces viceconsejera de Medio Ambiente, recuerda cómo el día en el que los medios de comunicación difundían las imágenes de los trozos de alquitrán en el litoral conejero recibió una llamada telefónica del vicepresidente autonómico Adán Martín. “A ver cómo podemos controlar esto”, le dijo.

Comenzó entonces un intenso trabajo para encontrar la fórmula que acabara con la limpieza de sentinas de los buques cuya suciedad terminaba llegando a las costas isleñas. La exviceconsejera recuerda cómo inicialmente se delimitó un perímetro marcando los bordes de las islas y se establecieron las zonas de mayor fragilidad de los ecosistemas marinos: “Pero no teníamos competencias, así que lo que hicimos fue consultar a varios expertos que nos indicaron los pasos que debíamos seguir. El organismo clave era la Organización Marítima Internacional y la figura a la que teníamos que aspirar era la Zona Marina Especialmente Sensible”.

Se armó entonces un expediente basado en la fragilidad medioambiental de las Islas y, tras una estrecha colaboración con el gobierno central -además de aportaciones en el Congreso como la del diputado José Segura Clavell- el Ministerio de Fomento presentó, en octubre de 2003, ante el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, la propuesta para la creación de la Zona Marina especialmente Sensible de las Islas Canarias. En el documento se detallaban las áreas que se debían preservar, así como los riesgos que representaba el tráfico marítimo. El texto especificaba que unos 1.500 petroleros de gran tamaño procedentes del Golfo Pérsico navegaban cada año por el Archipiélago.

La fase decisiva se afrontó en Londres a partir de abril de 2004 con la toma en consideración de la propuesta. Su aprobación obligó a las instituciones canarias y españolas a activar una serie de medidas protectoras -entre ellas el establecimiento de un plan de contingencia en caso de accidente y la aprobación de protocolos de actuación ante posibles casos de contaminación marina-, por lo que se creó un grupo de expertos designado por los gobiernos central y autonómico, y se contó con representantes de otros organismos y entidades. De ahí surgió el documento definitivo que fue sujeto a la consideración de la Organización Marítima Internacional.

Finalmente, el 22 de julio de 2005, el Comité de Protección del Medio Marino designó las Islas Canarias como Zona Marina Especialmente Sensible. Posteriormente, en mayo de 2006, el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional adoptó definitivamente las medidas de protección de la zona, que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2006. Su aprobación no fue fácil por la oposición frontal de Rusia, Panamá y Liberia, así como de potentes instituciones privadas que exigían un cambio en la regulación de la norma vigente.

Junto a Canarias superaron el examen ese año el archipiélago de Galápagos y el mar Báltico, sumándose a la media docena de áreas marinas distinguidas hasta ese momento en el planeta, entre ellas la Gran Barrera de Coral de Australia, los cayos de Florida o los arrecifes cubanos de Camanguay.

30.000 KILÓMETROS CUADRADOS

La Zona Marina Especialmente Sensible de Canarias abarca un perímetro de 12 millas alrededor de las Islas hasta completar una extensión aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados en superficie. Supuso un nuevo protocolo para la navegación de barcos con hidrocarburos pesados en tránsito por las Islas, que desde entonces están obligados a notificar su paso, tanto a la entrada como a la salida, a los centros de coordinación de Salvamento Marítimo de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

Las rutas permitidas están determinadas por dos pasillos de tres millas de anchura equidistantes entre Tenerife y Gran Canaria (ruta occidental) y entre Gran Canaria y Fuerteventura (ruta oriental). Asimismo, se establecieron cinco áreas de exclusión que gozan de una protección especial, por donde únicamente pueden navegar barcos pesqueros. Estas zonas son los alrededores de La Palma y El Hierro, el canal entre Tenerife y La Gomera, el suroeste de Gran Canaria y el entorno del Archipiélago Chinijo.

Además del intenso tráfico marítimo en esta zona del planeta, que realza el valor de los puertos insulares como base de operaciones para el avituallamiento y apoyo a actividades comerciales de todo tipo de buques, el Archipiélago mantiene una estrecha relación con el medio marino. Junto a los parámetros económicos y medioambientales, existe una sólida vinculación en el campo de la investigación, con continuos trabajos científicos nacionales e internacionales que se desarrollan en los campos de la oceanografía, biología, biodiversidad y recursos pesqueros. Además, las Islas cuentan con importantes infraestructuras para la enseñanza e investigación marina, entre otras, las dos universidades públicas canarias, el Instituto Canario de Ciencias Marinas y el Centro del Instituto Español de Oceanografía.

Fuente:elespanol.com