El colegio profesional pone en tela de juicio la falta de independencia del organismo.
El Colegio de Oficiales de la Marina Mercante (Comme) ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del Ministerio de Transportes de nombrar como miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) a personas que dependen laboralmente de una naviera que, además, ha protagonizado varios siniestros que han sido objeto de investigación por accidentes.
Esto, a decir del colegio profesional, pone en tela de juicio la falta de independencia del organismo, que se renovó el pasado mes de enero.
Independencia
Los marinos mercantes resaltan «la importancia de que comisiones de este tipo estén formadas por profesionales con suficiente conocimiento en la materia y sin ningún tipo de dependencia laboral». Apuestan, asimismo, por que estén formadas por «profesionales con independencia total, tal y como indica la normativa europea y española».
Según explican, han recibido respuesta del Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad, al que está adscrito la Ciaim. Una contestación que les ha sorprendido: «El ministro nombra a los miembros de esta comisión de forma discrecional», les señalan desde el ministerio.
Con esto se admite que «no se tienen en cuenta el currículo ni la experiencia profesional, sino que el criterio es puramente personal por parte del propio ministro», asegura el presidente del Comme, que ha trasladado la contestación tanto a la UE y a la EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima) para que verifique la legalidad del nombramiento.
También lamentan que el Gobierno no haya tratado siquiera de respetar la paridad, pues «habiendo una candidata elegible, y muchas mujeres con conocimiento y experiencia en el sector, se ha nombrado de forma discrecional a un inspector de una empresa naviera».
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a los agentes sociales tales como el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y el Colegio Oficial de la Marina Mercante (COMME). Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos. Publicado en: La Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos se halla regulada por el Real Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos.
La Directiva 2009/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo,introduce una serie de cambios, en particular, referentes a la independencia de la Comisión y a la colaboración y asistencia mutua entre Estados miembros en las actividades de investigación, que suponen una importante modificación del régimen jurídico de la Comisión.
A fin de proceder a una adecuada transposición de la norma comunitaria, ésta se hace a través de dos instrumentos normativos, uno de rango formal de ley, incluyendo preceptos de la Directiva en la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
Los demás aspectos de la Directiva se transponen en este real decreto que pretende dotar de más agilidad a la Comisión y mayor rigor en su funcionamiento, toda vez que la entrada en vigor de la regla 6 del Capítulo XI-1 del anexo del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974/1978) ha provocado un cambio importante en cuanto a que lo que era una mera recomendación ha pasado a ser de obligado cumplimiento, y en consecuencia, cada Administración investigará los siniestros y sucesos marítimos de conformidad con lo dispuesto en el citado Convenio y en las disposiciones complementarias del Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos (Código de Investigación de Siniestros), adoptado mediante la resolución MSC.255(84), adoptada el 16 de mayo de 2008, del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional.
Por otra parte, se incluye en el ámbito de aplicación de este real decreto la investigación de los buques de pesca con eslora inferior a quince metros. Esta inclusión, no prevista por la Directiva, pero tampoco prohibida por cuanto no es una Directiva armonizadora, se justifica por la gran incidencia de accidentes en buques del sector pesquero, los cuales están siendo objeto de investigación de acuerdo con la normativa en vigor. En consecuencia, no parece razonable excluir a este sector del ámbito de aplicación del real decreto por cuanto se estaría descuidando la seguridad de un sector importante de nuestra flota pesquera, conculcando de ese modo el objetivo fundamental que se persigue con esta norma.
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a los agentes sociales tales como el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y el Colegio Oficial de la Marina Mercante (COMME).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 2011.
El abogado del patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
El abogado del patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras (Cádiz), Gómez Grosso ha detallado que ahora se iniciará el proceso para pagar las indemnizaciones «hasta donde llegue con lo que tiene embargado», añadiendo que «si se declara insolvente se suspenderá definitivamente», cosa que ha asegurado que va a ocurrir porque el patrimonio del patrón es insuficiente para cubrir la cuantía fijada de 150.000 euros a cada familia de los fallecidos y de 35.000 euros a los supervivientes.
El abogado del único imputado en la causa ha indicado que están «satisfechos» ante el hecho de que «no pisarán la prisión» pese a la «pena gravísima» que solicitaban las partes inicialmente, que cabe recordar que era de cuatro años de cárcel la Fiscalía y cercanas a los 20 años de prisión las acusaciones particular y popular.
Por su parte, Dávila también ha expresado satisfacción en la medida de que «se ha reconocido la responsabilidad penal y civil del acusado».
Según ha detallado, este lunes se ha dictado sentencia verbal y la titular del juzgado tiene que redactar ahora los hechos probados en la medida en que se ha reducido la pena solicitada en base a que «todos reconocemos que, con el tiempo transcurrido en el procedimiento —ocho años—, ha habido una dilación indebida», una atenuante cualificada con la que se reducirían en dos grados las penas.
Así, el resultado final sería «más o menos el mismo» al que se ha llegado en la conformidad, siendo un año y medio de cárcel «lo máximo que se podía aplicar». En cuanto a las indemnizaciones, ha indicado que ahora tendrán que iniciar el procedimiento de embargos y, además, para conseguir la ejecución.
Nuevas acciones
Dávila ha comentado que están satisfechos en la medida que «se termina una etapa de este drama para que podamos continuar otras acciones que probablemente sean más efectivas».
Se ha referido concretamente a «la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso, como el rescate del barco, como el propio control de las inspecciones» que, a su juicio, «no se hicieron correctamente». El abogado ha explicado que todo ello se determinará en otro procedimiento que ya tienen iniciado.
También ha atendido a los medios José Crespo, uno de los supervivientes del naufragio, quien ha asegurado que él no quiere que el patrón del pesquero vaya a la cárcel.
Crespo ha referido que J.V. evitó que la tragedia fuera mayor, pues, por ejemplo, era consciente de que él «no sabía nadar» y se quitó su salvavidas para lanzárselo a él y a otra persona, con lo que «por ahí nos hemos salvado dos también» y «podría haber habido más ahogados» de no ser por su intervención.
Cabe recordar que el pesquero barbateño naufragó el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar en aguas de Larache (Marruechos) con una tripulación de 16 personas, con un balance de ocho supervivientes, cinco fallecidos y tres marineros que continúan desaparecidos.
El patrón ha aceptado las indemnizaciones fijadas en materia de responsabilidad civil y los 18 meses de cárcel como pena por los ocho delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones imprudentes y un delito contra los derechos de los trabajadores. Al final, las partes han acordado la suspensión de la condena.
El abogado del patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, Gómez Grosso ha detallado que ahora se iniciará el proceso para pagar las indemnizaciones «hasta donde llegue con lo que tiene embargado», añadiendo que «si se declara insolvente se suspenderá definitivamente», cosa que ha asegurado que va a ocurrir porque el patrimonio del patrón es insuficiente para cubrir la cuantía fijada de 150.000 euros a cada familia de los fallecidos y de 35.000 euros a los supervivientes.
El abogado del único imputado en la causa ha indicado que están «satisfechos» ante el hecho de que «no pisarán la prisión» pese a la «pena gravísima» que solicitaban las partes inicialmente, que cabe recordar que era de cuatro años de cárcel la Fiscalía y cercanas a los 20 años de prisión las acusaciones particular y popular.
Por su parte, Dávila también ha expresado satisfacción en la medida de que «se ha reconocido la responsabilidad penal y civil del acusado».
Según ha detallado, este lunes se ha dictado sentencia verbal y la titular del juzgado tiene que redactar ahora los hechos probados en la medida en que se ha reducido la pena solicitada en base a que «todos reconocemos que, con el tiempo transcurrido en el procedimiento –ocho años–, ha habido una dilación indebida», una atenuante cualificada con la que se reducirían en dos grados las penas.
Así, el resultado final sería «más o menos el mismo» al que se ha llegado en la conformidad, siendo un año y medio de cárcel «lo máximo que se podía aplicar». En cuanto a las indemnizaciones, ha indicado que ahora tendrán que iniciar el procedimiento de embargos y, además, para conseguir la ejecución.
Nuevas acciones Dávila ha comentado que están satisfechos en la medida que «se termina una etapa de este drama para que podamos continuar otras acciones que probablemente sean más efectivas».
Se ha referido concretamente a «la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso, como el rescate del barco, como el propio control de las inspecciones» que, a su juicio, «no se hicieron correctamente». El abogado ha explicado que todo ello se determinará en otro procedimiento que ya tienen iniciado.
El abogado del patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, Gómez Grosso ha detallado que ahora se iniciará el proceso para pagar las indemnizaciones «hasta donde llegue con lo que tiene embargado», añadiendo que «si se declara insolvente se suspenderá definitivamente», cosa que ha asegurado que va a ocurrir porque el patrimonio del patrón es insuficiente para cubrir la cuantía fijada de 150.000 euros a cada familia de los fallecidos y de 35.000 euros a los supervivientes.
El abogado del único imputado en la causa ha indicado que están «satisfechos» ante el hecho de que «no pisarán la prisión» pese a la «pena gravísima» que solicitaban las partes inicialmente, que cabe recordar que era de cuatro años de cárcel la Fiscalía y cercanas a los 20 años de prisión las acusaciones particular y popular.
Por su parte, Dávila también ha expresado satisfacción en la medida de que «se ha reconocido la responsabilidad penal y civil del acusado».
Según ha detallado, este lunes se ha dictado sentencia verbal y la titular del juzgado tiene que redactar ahora los hechos probados en la medida en que se ha reducido la pena solicitada en base a que «todos reconocemos que, con el tiempo transcurrido en el procedimiento –ocho años–, ha habido una dilación indebida», una atenuante cualificada con la que se reducirían en dos grados las penas.
Así, el resultado final sería «más o menos el mismo» al que se ha llegado en la conformidad, siendo un año y medio de cárcel «lo máximo que se podía aplicar». En cuanto a las indemnizaciones, ha indicado que ahora tendrán que iniciar el procedimiento de embargos y, además, para conseguir la ejecución.
Nuevas acciones Dávila ha comentado que están satisfechos en la medida que «se termina una etapa de este drama para que podamos continuar otras acciones que probablemente sean más efectivas».
Se ha referido concretamente a «la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso, como el rescate del barco, como el propio control de las inspecciones» que, a su juicio, «no se hicieron correctamente». El abogado ha explicado que todo ello se determinará en otro procedimiento que ya tienen iniciado.
También ha atendido a los medios José Crespo, uno de los supervivientes del naufragio, quien ha asegurado que él no quiere que el patrón del pesquero vaya a la cárcel.
Crespo ha referido que J.V. evitó que la tragedia fuera mayor, pues, por ejemplo, era consciente de que él «no sabía nadar» y se quitó su salvavidas para lanzárselo a él y a otra persona, con lo que «por ahí nos hemos salvado dos también» y «podría haber habido más ahogados» de no ser por su intervención.
Cabe recordar que el pesquero barbateño naufragó el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar en aguas de Larache (Marruechos) con una tripulación de 16 personas, con un balance de ocho supervivientes, cinco fallecidos y tres marineros que continúan desaparecidos.
El abogado del patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, Gómez Grosso ha detallado que ahora se iniciará el proceso para pagar las indemnizaciones «hasta donde llegue con lo que tiene embargado», añadiendo que «si se declara insolvente se suspenderá definitivamente», cosa que ha asegurado que va a ocurrir porque el patrimonio del patrón es insuficiente para cubrir la cuantía fijada de 150.000 euros a cada familia de los fallecidos y de 35.000 euros a los supervivientes.
El abogado del único imputado en la causa ha indicado que están «satisfechos» ante el hecho de que «no pisarán la prisión» pese a la «pena gravísima» que solicitaban las partes inicialmente, que cabe recordar que era de cuatro años de cárcel la Fiscalía y cercanas a los 20 años de prisión las acusaciones particular y popular.
Por su parte, Dávila también ha expresado satisfacción en la medida de que «se ha reconocido la responsabilidad penal y civil del acusado».
Según ha detallado, este lunes se ha dictado sentencia verbal y la titular del juzgado tiene que redactar ahora los hechos probados en la medida en que se ha reducido la pena solicitada en base a que «todos reconocemos que, con el tiempo transcurrido en el procedimiento –ocho años–, ha habido una dilación indebida», una atenuante cualificada con la que se reducirían en dos grados las penas.
Así, el resultado final sería «más o menos el mismo» al que se ha llegado en la conformidad, siendo un año y medio de cárcel «lo máximo que se podía aplicar». En cuanto a las indemnizaciones, ha indicado que ahora tendrán que iniciar el procedimiento de embargos y, además, para conseguir la ejecución.
Nuevas acciones Dávila ha comentado que están satisfechos en la medida que «se termina una etapa de este drama para que podamos continuar otras acciones que probablemente sean más efectivas».
Se ha referido concretamente a «la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso, como el rescate del barco, como el propio control de las inspecciones» que, a su juicio, «no se hicieron correctamente». El abogado ha explicado que todo ello se determinará en otro procedimiento que ya tienen iniciado.
También ha atendido a los medios José Crespo, uno de los supervivientes del naufragio, quien ha asegurado que él no quiere que el patrón del pesquero vaya a la cárcel.
Crespo ha referido que J.V. evitó que la tragedia fuera mayor, pues, por ejemplo, era consciente de que él «no sabía nadar» y se quitó su salvavidas para lanzárselo a él y a otra persona, con lo que «por ahí nos hemos salvado dos también» y «podría haber habido más ahogados» de no ser por su intervención.
Cabe recordar que el pesquero barbateño naufragó el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar en aguas de Larache (Marruechos) con una tripulación de 16 personas, con un balance de ocho supervivientes, cinco fallecidos y tres marineros que continúan desaparecidos.
El patrón ha aceptado las indemnizaciones fijadas en materia de responsabilidad civil y los 18 meses de cárcel como pena por los ocho delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones imprudentes y un delito contra los derechos de los trabajadores. Al final, las partes han acordado la suspensión de la condena.
Fomento bloquea los pagos a los familiares de los náufragos del Pepita Aurora
Han pasado cuatro meses y un día del naufragio del Nueva Pepita Aurora en aguas de Barbate y el informe preceptivo del Ministerio de Fomento aún no ha sido presentado por lo que todas las actuaciones judiciales y las indemnizaciones a las familias están paralizadas. En aquel naufragio murieron 8 personas de las que 3 siguen estando desaparecidas. No se conocen actuaciones de Manuel Chaves para exigir la emisión del informe.
LD (Pedro de Tena) Un temporal de levante hizo naufragar al pesquero, que se hundió. Como consecuencia, hubo con cinco fallecidos, tres desaparecidos y ocho supervivientes.
El barco, sumergido a 0,8 millas al sur de Punta Gracia después de naufragar cuando regresaba de faenar de Larache (Marruecos), no ha sido rescatado aún por las autoridades del Ministerio de Fomento. Tampoco han sido rescatados los cuerpos de los tres marineros desaparecidos, que o bien pudieran estar aún en el seno del barco siniestrado o prendidos de las redes de pesca que llevaba. – Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/sociedad/fomento-bloquea-los-pagos-a-los-familiares-de-los-naufragos-del-pepita-aurora-1276321018/
Ramón Dávila, titular del bufete que lleva el caso a dos de las familias afectadas, ha dicho a Libertad Digital que el informe del Ministerio de Fomento, cuya regidora es Magdalena Álvarez, no ha sido presentado. Es más, su bufete ha presentado dos escritos de reclamación que no sólo no han sido respondidos: «Es que ni siquiera se han molestado en facilitarnos un acuse de recibo».
Los familiares de los marineros, a dos de los cuales representa el bufete de Dávila, sólo han podido cobrar las indemnizaciones derivadas de la situación laboral, en calidad de accidente de trabajo, pero no las posibles cantidades a que tuvieran derecho derivadas de sentencia firme en el juicio que se sigue por estos hechos.
Las actuaciones judiciales están paralizadas, debido al incumplimiento de la normativa por parte del Ministerio de Fomento que tiene como preceptivo emitir un informe en caso de hundimiento.
En concreto, las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos tienen entre sus funciones las de «supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos o episodios de contaminación » y el «el informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias en los casos de hundimiento de buques, operaciones de reflotamiento o desguace de buques y obras de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias», como puede comprobarse en el propio Ministerio de Fomento .
El descontento de los familiares se centra asimismo en todo el proceso de salvamento, porque no tuvieron información alguna sobre lo que hicieron los servicios de salvamento, lo que les hace dudar seriamente de la actuación de estos servicios.
Los familiares representados por el ya mencionado bufete de abogados piden públicamente al Ministerio de Fomento que concluya rápidamente el informe sobre las causas del siniestro e informe a los familiares sobre dichas causas y sobre el acceso al buque y zonas cercanas para la búsqueda de los cadáveres de los marineros cuyos cuerpos no han sido todavía encontrados.
Sin ese informe, por ejemplo, no es posible concluir las pruebas periciales que tratan de examinar si entre este siniestro y dos acaecidos en Galicia con el mismo tipo de barco, «gemelos» como se conoce en el argot, guardan alguna relación. Todo está empantanado. Y si es cierto que el presidente Chaves asistió a las honras fúnebres de los marineros muertos y desaparecidos, nada se sabe de si ha impulsado o impulsa gestiones urgentes para imprimir celeridad y responsabilidad al ministerio de Magdalena Álvarez.»
El tribunal obliga al patrón del pesquero a pagarle a las mujeres un recargo de un 50% en sus pensiones
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a cuatro de las viudas de los ocho pescadores fallecidos en el naufragio del pesquero barbateño NuevoPepitaAurora, ocurrido en septiembre de 2007. El tribunal andaluz ha ratificado en parte la sentencia dictada en 2011 por el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz y ha condenado al patrón del barco, José Vega, a abonar un recargo de un 50% en las pensiones de estas viudas.
Al igual que ocurriera en primera instancia, la nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, también destaca la falta de medidas de seguridad y el sobrepeso que llevaba el Nuevo Pepita Aurora el día que se produjo la tragedia, un dato que ha sido muy bien valorado por el abogado de estas cuatro viudas, Ramón Dávila, que considera que este fallo judicial es «importante» porque confirma «cómo ocurrieron los hechos». Por ello anticipa que esta sentencia «tendrá influencia» en el proceso penal que se mantiene abierto en un Juzgado de Algeciras.
En septiembre de 2011, el Juzgado de lo Social de Cádiz número 3 admitió la demanda de estas cuatro viudas y condenó a la empresa Nuevo Pepita Aurora S.L. al pago de un recargo del 50% sobre sus prestaciones de viudedad y orfandad dadas las graves faltas de medidas de seguridad que influyeron en el desenlace del accidente. La diferencia es que esa primera sentencia sólo aplicaba la condena a la sociedad, que, según el abogado de las demandantes, fue liquidada por los socios sin hacer frente a sus responsabilidades legales. Ahora, por el contrario, el TSJA amplía la responsabilidad al armador y patrón del barco, José Vega, aceptando así el recurso presentado por las viudas contra la sentencia dictada en primera instancia.
El TSJA señala que en realidad la empresa era una sociedad familiar en la que José Vega, patrón y armador del barco, arrendó la nave a la sociedad Nuevo Pepita Aurora S.L., formada por sus padres y que tenía como administradora única a su hermana. Por ello aplica la denominada doctrinadelvelo y acredita con ella la interrelación de bienes, derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas relacionadas con la sociedad que, según dice, se constituyó con una apariencia jurídica en fraude de ley para eludir responsabilidades al auténtico titular del barco. Por ello revoca en parte la sentencia anterior y carga en el patrón toda la responsabilidad de los recargos en las prestaciones.
El abogado de las viudas reconoce que la nueva sentencia no abre muchas posibilidades reales de que Vega pueda abonar estas cantidades dada su situación económica pero adelanta que sus clientes insistirán en su derecho a obtener este recargo en sus prestaciones de viudedad (que rondan los 700 euros) y de orfandad de sus hijos (de casi 150 euros). Y añade que la sentencia tiene carácter retroactivo por lo que su cobro sería desde 2007, el año en que se produjo el naufragio.
18 meses de prisión para el patrón gallego del «Nuevo Pepita Aurora»
Imagen de archivo de las labores de búsqueda de los cinco marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero «Nueva Pepita Aurora».
El pesquero naufragó en el 2007 a 14 millas de Barbate llevándose por delante la vida de ocho personas. José Vega acepta indemnizar a cada una de las familias de los fallecidos con 150.000 euros.
José Vega, patrón del Nuevo Pepita Aurora, que naufragó hace ocho años en las costas de Barbate (Cádiz) causando la muerte de ocho marineros, ha sido condenado este lunes a 18 meses de prisión y a indemnizar a las familias de los fallecidos con 150.000 euros para cada una de ellas.
La titular del juzgado de lo penal número 2 de Algeciras (Cádiz) ha dictado esta sentencia, que incluye también indemnizaciones de 35.000 euros para cada uno de los siete tripulantes que sobrevivieron a la tragedia, después de que todas las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad, lo que ha evitado el juicio que iba a iniciarse esta misma mañana y que tenía previsto durar cuatro días.
De esta forma, un proceso judicial que ha durado ocho años, desde que el 5 de septiembre del 2007 el pesquero se hundiera en medio de un temporal cuando regresaba de faenar en Marruecos, se ha resuelto con una sentencia de conformidad en una vista que ha durado apenas unos minutos.
A ella, además de José Vega, que fue uno de los supervivientes, han acudido las viudas, hijos y familiares de los ocho marineros muertos en aquella tragedia, tres de los cuales desaparecieron en la mar y sus cuerpos nunca han sido recuperados, y los supervivientes.
«Queremos saber qué pasó y por qué, para que esto no vuelva a ocurrir», explicaba al inicio del juicio Loli Caravaca, una de la viudas.
Con la sentencia, José Vega acepta ser responsable de ocho homicidios imprudentes, siete delitos de lesiones imprudentes y uno contra la seguridad del trabajo, por los que el fiscal pedía en un principio cuatro años de prisión para él y las acusaciones particulares hasta veinte años de cárcel.
No se han visto reducidas las cantidades que el fiscal pedía para él como indemnizaciones para las viudas y para los supervivientes por una tragedia que, según las acusaciones, tuvo sus principales causas en las «gravísimas e irresponsables» conductas del patrón del pesquero.
Según su investigación el barco no pudo afrontar el temporal, cuando navegaba a 14 millas de Barbate, por un exceso de peso y porque tenía taponados los salideros de agua.
La jueza ha accedido a la petición del abogado del patrón, Jesús Gómez Grosso, y ha suspendido su ingreso en prisión bajo dos condiciones: que en el plazo de dos años no cometa otro delito y que haga frente a las responsabilidades económicas que ha contraído con las indemnizaciones, a no ser que se decrete y se acredite su situación de insolvencia.
A preguntas del juez, el patrón, que siempre ha pedido su absolución, ha dicho que acepta el acuerdo y la condena «por consejo de mi familia, de mis amigos y de mi abogado».
Uno de los supervivientes, José Crespo, recordaba hoy que el barco volcó «en tres segundos» y que él, como el resto de los supervivientes, no ha podido volver a la mar y tiene declarada la incapacidad laboral.
Para él, el patrón del barco «no se merece» ir a la cárcel, pero sí afrontar el daño que el accidente ha causado.
Ramón Dávila, abogado de algunas de las viudas, ha considerado que este juicio es «sólo un paso», pues el caso continúa vivo por otras vías, ya que han pedido la responsabilidad patrimonial del Estado.
Como el abogado que defiende a José Vega, este letrado cree que en este juicio «probablemente» se tendrían que haber sentado en el banquillo de los acusados responsables de los astilleros y de las administraciones públicas porque hubo fallos que supuestamente deberían haberse detectado antes de que el «Nuevo Pepita Aurora» se hiciera a la mar para no volver.
El centro de A Coruña acusado por la asociación asegura que cumple los requisitos exigidos por la ley La Asociación Española de Titulados Náutico Pesquera (Aetinape) ha denunciado ante la Secretaría General de Pesca graves irregularidades en los cursos obligatorios de operador del sistema mundial de socorro que se están impartiendo en centros privados. Aetinape acusa en su demanda a un colegio de profesionales de A Coruña que «organiza estos ciclos pese a carecer de los medios técnicos necesarios».
Hace unos días, el presidente de Aetinape, José Manuel Muñiz, se reunió con el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, y el secretario general de Pesca, Samuel Juárez, para exponer el contenido de su denuncia. Muñiz asegura que la falta de centros especializados para impartir estos cursos _obligatorios ya para los responsables de los buques de pesca y mercantes_ ha desviado a muchos marineros a centros privados y semiprivados que no disponen de los medios para garantizar la formación del nuevo sistema mundial de socorro, que se caracteriza por la aplicación de las nuevas tecnologías en la navegación. En la actualidad, la obligatoridad de disponer de este título afecta a más de 10.000 titulados en toda España, de los que casi 4.000 son de la comunidad. Galicia sólo cuenta con dos centros públicos que imparten estos cursos _en Vigo y Bamio_, por lo que una de las opciones que escogen los afectados por la nueva normativa es recurrir a privados. «Los cursos públicos son gratuitos, pero sólo pueden acoger a un número pequeño de personas por lo que la situación es preocupante», señaló Muñiz. En la reunión, Aetinape comunicó a López-Sors y Juárez que un centro de A Coruña, el Colegio de Titulados de la Marina Mercante, está impartiendo estos cursos sin contar con los medios técnicos necesarios y a un precio de 75.000 pesetas. «Esto es un escándalo. Se está jugando con algo tan grave como la seguridad de los barcos por lo que la Administración debería tomar partida de inmediato», subrayó. Criterios homologados Por su parte, fuentes de este colegio desmintieron ayer estas acusaciones y aseguraron que los contenidos de sus cursos se atienen a los criterios homologados por el Estado. Muñiz señaló, por otro lado, que ha conseguido un compromiso de Marina Mercante y Pesca para abrir una investigación sobre este asunto. Además, está trabajando ya en la presentación de una denuncia ante los tribunales.
